Más de un año ha pasado desde que Alfonso Durazo asumió la gubernatura de Sonora, en donde criticó fuertemente la presunta corrupción que se encontraba en la entidad, obra de las administraciones anteriores; no obstante, el World Justice Project (WJP) aseguró que en los últimos 12 meses el estado ha presentado avances en dicha materia.
Ante lo cual, Infobae México habló con Guillermo Noriega, secretario de la Contraloría General del Gobierno de Sonora, quien detalló que el desarrollo de la entidad se debe a la implementación del Modelo Sonora de Control de Riesgos de Corrupción, con la cual han reducido la corrupción en agentes de Seguridad, Ministerios Públicos, así como en inspectores del gobierno.
De acuerdo a lo que contó el funcionario, cuando asumieron el control de la entidad pudieron observar que existían altos niveles de corrupción, especialmente en los sistemas de procuración de justicia, por lo que se firmó un convenio con el que ya se empezaron a notar los resultados sin que éstos pusieran en riesgo el empleo de las personas.
“Sonora ha sido una entidad que ha destacado por sus altos niveles de corrupción, especialmente, según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Imagen Gubernamental, especialmente en temas de soborno. En los últimos ocho años ha habido una tendencia a la alta sobre el fenómeno, aquí destacan tres áreas (…): agentes de seguridad (…); ministerios públicos; inspectores de gobierno”, explicó.
Pese a todo lo anterior, el secretario reconoció que sí han existido quejas por parte de los funcionarios al modificar las dinámicas que durante años persistieron; sin embargo, apuntó a que el modelo se ha podido implementar mediante la realización de auditorías, análisis de riesgos en el proceso de contratación, así como un seguimiento puntual de las áreas que fueron señaladas como los focos rojos de la administración estatal.
“Han habido un par de quejas, a lo mucho, porque no logran dimensionar la importancia de obtener medidas fuertes, duras ante un fenómeno que nos pudre como sistema y que, pues nosotros, en nuestro caso por la función pública tenemos una obligación fundamental de resguardar los recursos públicos”, puntualizó.
Tal como se mencionó, son los agentes de Seguridad, los Ministerios Públicos y los inspectores del gobierno fueron las áreas en donde se detectó un mayor problema con la corrupción, por lo que fueron las áreas en donde se implementó de forma rápida el plan y que ya han tenido disminución de los índices.
Aunado a lo anterior, Noriega Esparza reiteró lo que había mencionado en octubre de 2022 cuando indicó que habría uso de cámaras y vigilancia constante durante las inspecciones que estos tres rubros cumplan, además de estar constantemente analizando el crecimiento o disminución del patrimonio de los funcionarios públicos, con el fin de que coincidan con sus declaraciones anuales.
“Los inspectores tienen que acompañarse de una cámara especial, cada vez que van al campo, y se graban todas las acciones y son monitoreadas por la Contraloría del estado, ellos no pueden manipular los videos y entonces cada vez que concluyen su jornada, se descargan los videos y se mandan a nosotros”, fue la explicación de uno de los métodos anticorrupción que contó el funcionario.
No obstante, es importante destacar que el modelo no sólo es reactivo, sino que tiene medidas preventivas, especialmente en la contratación, pues una mediante una tecnología se mide el riesgo de corrupción, lo que ha permitido a la administración local cerrar focos de riesgos y mantenerse en una línea de honestidad.
Aunado a lo anterior, el funcionario reiteró que no todos los integrantes de la administración sonorense tienen que responder al Modelo Sonora, debido a que directamente no tienen acción con el presupuesto, por lo que no ha aumentado a otras áreas.
“Habemos dos tipos de servidores públicos: aquellos que estamos en el decreto, a los cuales se nos ponen estos controles; y aquellos que no están porque son profesores o no tienen relación alguna con el manejo de recursos o que pudieran incurrir en actos de corrupción”, mencionó.
A futuro, la administración de Durazo tiene planeado continuar con el decreto mediante la expedición de la Ley de Protección a Denunciantes, además de ampliar el ámbito de servicio de la videograbación, es decir, que puedan servir para las denuncias.