CIUDAD DE MÉXICO. En una tensa y acelerada sesión nocturna, el Senado de la República dio luz verde a una reforma a la Ley de Amparo con el objetivo central de modernizar y, sobre todo, poner coto a los excesos y arbitrariedades que, según la mayoría legislativa, habían convertido este mecanismo de defensa en un escudo para poderosos y evasores.
Aprobada con 76 votos a favor de Morena y aliados, y 39 en contra de la oposición, la enmienda busca que el amparo conserve su “espíritu original de límite y dique frente al abuso y la arbitrariedad”, pero impidiendo que sea un instrumento exclusivo de élites, como lo afirmó el senador Enrique Inzunza.
Adiós a los escudos fiscales y financieros
El corazón constructivo de la reforma se centra en eliminar lagunas que permitían el abuso en áreas sensibles:
Límites a la suspensión: Se establecen restricciones claras a la suspensión del acto reclamado en casos de alto impacto social, como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública. Esto significa que ya no será tan sencillo detener acciones de autoridad en estos ámbitos bajo el pretexto de un amparo.
Combate a la evasión: La reforma ataca directamente la posibilidad de usar el amparo para evadir el pago de créditos fiscales o descongelar cuentas bancarias bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una práctica que legisladores oficialistas calificaron como protección a la delincuencia organizada y a grandes deudores.
Fin a los Pretextos para Incumplir: Se modificó lo relativo a la inejecución de sentencias, cerrando la puerta a que funcionarios o autoridades responsables se escuden en la “imposibilidad jurídica y material” para no cumplir con las resoluciones de amparo.
Modernidad y claridad en la defensa ciudadana
Pese a las protestas de la oposición —que acusó celeridad indebida y la extinción del amparo—, la mayoría defendió los ajustes como una manera de fortalecer la defensa genuina del ciudadano:
Justicia digital opcional: El senador Javier Corral resaltó que se moderniza el juicio al incorporar el uso de herramientas digitales de manera clara, pero garantizando que sea una vía opcional para no excluir a nadie por carecer de tecnología.
Interés legítimo definido: Se ajustó el artículo quinto para definir con mayor claridad la figura de interés legítimo, buscando evitar demandas basadas en intereses abstractos, pero, según los ponentes, sin “cerrar la puerta al acceso a la justicia de colectivos que acrediten afectaciones efectivas”.
La discusión dejó patente la profunda división: mientras la oposición lamenta que la ley ahora “protege a la autoridad” e insiste en que no se podrán detener obras polémicas o defender el medio ambiente, los impulsores de la reforma reviran preguntando si el objetivo del amparo debe ser “defender a narcos, secuestradores, o a quienes lavan dinero”. La nueva ley, dicen, busca ser un dique contra la arbitrariedad de la autoridad, sí, pero también contra la arbitrariedad de los más poderosos.