Mtra. Gabriela Jiménez Godoy
En México, un juicio de amparo tarda en promedio 196 días para concluir una revisión en sentencia. Esta dilación crónica se ha convertido en escudo de quienes buscan paralizar decisiones públicas, reteniendo recursos -en litigios eternos-, que deberían destinarse a educación, salud, vivienda o infraestructura para quienes más lo necesitan.
La reforma a la Ley de Amparo que impulsa la Presidencia -y que respaldamos los legisladores con convicción-, busca transformar ese escenario, dotando de mayor eficacia, certeza y justicia social al sistema de protección constitucional. No se trata de restringir derechos sino de recuperar el sentido original del amparo: garantizar los derechos humanos de las personas más vulnerables.
Una pieza clave es la redefinición del interés legítimo, condición que determina cuándo procede el amparo. Con ello se evita la presentación de recursos abstractos o simulados que entorpecen políticas públicas genuinas. Se corrige el rumbo del sistema jurídico de abajo hacia arriba, beneficiando a quienes padecen violaciones reales y diferenciadas de sus derechos.
En materia fiscal, la reforma endurece las restricciones a las suspensiones: no podrán otorgarse en casos de lavado de dinero, delincuencia organizada u otros delitos graves. También se limitan las dilaciones indebidas en juicios tributarios que han sido refugio de grandes contribuyentes. Así, se alinea con estándares internacionales, protege la seguridad colectiva y respeta el derecho individual cuando su ejercicio sea legítimo.
Otro cambio importante es la reducción de plazos: los tiempos para dictar sentencia se acortan hasta en 40%, rompiendo con la justicia tardía que tantas veces ha dañado a la población más débil. El acceso a la justicia deja de ser una aspiración lejana, para convertirse en una garantía tangible.
La digitalización de los procesos refuerza este cambio: trámites en línea, menos burocráticas y mayor transparencia democratizan el acceso al amparo, especialmente para mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas y comunidades rurales. Para esos grupos, se fortalecen los mecanismos colectivos que permiten impugnar violaciones estructurales a los derechos sociales.
También es justo recordar los esfuerzos del Gobierno de Claudia Sheinbaum en otras materias: de enero a mayo de 2025, México recaudó 2.4 billones de pesos, un crecimiento del 8.8% con respecto al año anterior. Esa recaudación récord, sin aumentar impuestos, refleja el fortalecimiento institucional y combate a la evasión, pilares que se entrelazan con el espíritu de esta reforma.
Sabemos que la oposición hablará de retroactividad o limitaciones, pero el Senado aprobó un transitorio que previene efectos retroactivos perjudiciales, garantizando que los procesos con derechos adquiridos se rijan por la ley vigente al momento de su inicio. Esta modificación es muestra de disposición y madurez legislativa.
Esta reforma abre un nuevo ciclo en la historia jurídica de México: el amparo al servicio de la justicia, no del privilegio. En este México que estamos construyendo, cada derecho cuenta, cada voz importa y cada acción transformadora nos acerca más al país que merecemos.
https://www.reporteindigo.com/opinion/el-amparo-como-herramienta-de-justicia-y-no-para-cubrir-privilegios-20251023-0130.html