Hermosillo, Sonora; 8 de octubre de 2025. La diputada y secretaria general del Sindicato de Jornaleros Agrícolas “Salvador Alvarado”, Iris Sánchez Chiu (PRI), presentó una iniciativa de ley para imponer revisiones obligatorias y transparentes al transporte público y de personal en Sonora, una medida que busca frenar la ola de accidentes que, según sus propios datos, ha cobrado la vida de más de 30 jornaleros agrícolas en la última década.
La propuesta, que reforma el artículo 103 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, obliga al Instituto de Movilidad y Transporte (Imtes) a crear y fiscalizar un programa anual de revisión de unidades y conductores. No obstante, la acción legislativa plantea una pregunta incómoda: ¿Por qué la líder histórica de los jornaleros agrícolas tardó en llevar esta demanda urgente al Congreso, si sus agremiados son las principales víctimas de las fallas del transporte?
El Largo Camino a la Iniciativa
Iris Sánchez Chiu ha estado al frente del Sindicato Salvador Alvarado desde 2015, y antes como asesora. Durante este tiempo, la organización ha lamentado públicamente múltiples tragedias en la Costa de Hermosillo, donde camiones y camionetas en malas condiciones han volcado o chocado, dejando un saldo constante de muertos y lesionados entre la fuerza laboral del campo. Los registros periodísticos en la región confirman que las condiciones mecánicas deficientes y el hacinamiento son causas frecuentes de estos percances.
Ahora, como diputada, Sánchez Chiu usa su tribuna para señalar que “la seguridad vial no debe depender de la suerte” y que el estado debe garantizar un “derecho a la movilidad segura”. Sin embargo, las voces críticas señalan que su rol dual como máxima representante de los trabajadores y ahora legisladora imponía una obligación de actuar con mayor celeridad para proteger a quienes representa.
La iniciativa, aunque bienvenida, llega tras una década de tragedias y después de que más de 250 jornaleros resultaran lesionados en accidentes de transporte, según la información citada en la propia exposición de motivos. La transparencia prometida, al obligar al Imtes a hacer públicos los resultados de las revisiones, es vista como un avance. La cuestión es si esta respuesta tardía podrá reparar la deuda de seguridad y dignidad en el traslado que el sector agrario ha arrastrado por años.
La reforma será turnada a comisiones, donde se analizará la viabilidad y la efectividad real del Imtes para implementar un programa de fiscalización tan amplio, dada la histórica falta de control sobre los vehículos que mueven a miles de jornaleros en la entidad.
Enfoque de esta nota: Se desplaza del mero anuncio de la propuesta a un cuestionamiento sobre la responsabilidad y el timing de la acción legislativa de la líder sindical, contrastando su rol como defensora de los trabajadores con la tardanza en impulsar una solución concreta al problema que ha afectado a su base por años.
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