CIUDAD DE MÉXICO. – La región se ha convertido en el laboratorio de dos experimentos sociales opuestos. Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum en México diseña una transición hacia el “bienestar productivo”, la administración de Javier Milei en Argentina apuesta por una desregulación que busca la competitividad mediante la reducción de costos laborales.
La política laboral mexicana no es solo una concesión social; es una estrategia de modernización económica. Al elevar la reducción de la jornada a rango constitucional, México busca alinearse con los estándares de la OCDE, bajo la premisa de que un trabajador descansado es más eficiente.
Los pilares de la reforma mexicana:
Transición estructural: El esquema gradual (46, 44, 42 hasta las 40 horas) permite a las PyMEs adaptarse sin choques inflacionarios.
Blindaje salarial: Se prohíbe explícitamente la reducción de ingresos, protegiendo el mercado interno.
Formalización digital: El uso de registros electrónicos obligatorios busca eliminar la informalidad en el conteo de horas, profesionalizando la gestión del talento.
Argentina: El riesgo de la “atomización” laboral
En contraste, el modelo de Milei parte de la premisa de que el derecho laboral es un obstáculo para el empleo. Su estrategia se centra en la transferencia del riesgo del empleador al empleado.
El “Banco de horas”: Permite jornadas de hasta 12 horas sin pago de extras, lo que diluye la previsibilidad de la vida del trabajador.
Despido “low cost”: Al facilitar el cese laboral y ampliar el periodo de prueba, se incentiva una rotación constante que, según críticos, impide la especialización y la lealtad institucional.
Debilitamiento colectivo: Al priorizar acuerdos individuales sobre los sindicatos, se fragmenta la capacidad de negociación, dejando al trabajador en una posición de vulnerabilidad frente al capital.