23 noviembre, 2024
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Detectan más corrupción en trienio de “El Maloro”

La administración municipal 2015-2018 se recordará por la arbitraria privatización del servicio de alumbrado público y también por la corrupción ejercida por las autoridades encabezadas por el exalcalde priista Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez “El Maloro” en detrimento del patrimonio municipal.
Información a la que tuvo acceso Tiznado Noticias, manifiesta que diferentes actos de gobierno estuvieron impregnados de ilegalidad y abusos en lo referente al manejo de bienes inmuebles propiedad del Municipio, que fueron vendidos a empresarios y particulares violando la Ley Estatal de Responsabilidades de servidores públicos.
Los ejemplos
El 13 de julio de 2018, en el acta de Cabildo 55, se autorizó la venta de una fracción de 463.86 metros cuadrados en 696 mil pesos de un área verde con una superficie total de 2,754.15 metros cuadrados, identificada con clave catastral 17-627-002. Dicho terreno se ubica a un lado del Polideportivo Ana Gabriela Guevara al Sur de la capital.
La compraventa quedó consignada bajo el contrato 2372/2018 de 28 de agosto de 2018; Angelina Muñoz Fernández era la alcaldesa interina, Lorena Vega Granillo, síndica municipal y Julio César Ulloa Girón fungía como secretario de la Comuna. El comprador del predio fue José María Villa Robles.
A ambas partes, no les importó que el predio fuera del dominio público sino también área verde, violando los artículos 189 y 195 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal. La administración de Célida López interpuso denuncia en la Contraloría Municipal, revocó el acuerdo y canceló la venta ilegal.
En abril de 2018, en el acta de Cabildo 51, el ayuntamiento hermosillense aprobó recibir poco más de 16 hectáreas del Grupo Construcciones Planificadas (Construplan) a cambio de ceder 2 hectáreas y poco más de 3 mil metros cuadrados a la contraparte en una operación aparentemente ventajosa para el Municipio.
Sin embargo, al tasar los terrenos materia de la operación, el gobierno municipal actual se percató que las 16 hectáreas y fracción tienen un valor comercial cercano a los 6 millones de pesos, mientras que los predios del ayuntamiento valen casi 17 millones de pesos con una diferencia de poco más de 11 millones de pesos en perjuicio del patrimonio de los hermosillenses.
En otra revisión efectuada por el actual gobierno municipal, se detectó la venta de dos predios de 250 y 1,490 metros cuadrados a María Eduwiges Chiu Rivera viuda del finado Trinidad Sánchez Leyva, quien fuera líder del Sindicato Salvador Alvarado que aglutina a miles de jornaleros agrícolas en el Estado.
La beneficiaria también es mamá de Iris Sánchez Chiu actual presidenta del PRI en Hermosillo y diputada local en el trienio en que se realizaron estas compraventas.
Para llevar a cabo la venta de esos terrenos se utilizó el programa de regularización de la tierra de asentamientos humanos, aprobado en agosto de 2016, diseñado para favorecer a adultos mayores en condiciones de pobreza.
Sin embargo, el exalcalde y la exsíndica no tomaron en cuenta que, para vender un inmueble del ayuntamiento a un adulto mayor, este no debía tener ninguna propiedad o casa donde vivir condición que Chiu Rivera no cumplió, pues se le detectaron al menos dos terrenos a su nombre.
Pero eso no fue todo, pues con la compraventa citada se quebrantó el patrimonio municipal, ya que el terreno de 250 metros cuadrados se vendió a 2 mil 650 pesos cuando su valor catastral era de al menos 400 mil 648 pesos.
Lo mismo sucedió con el predio de 1,490 metros cuadrados, pues a pesar de que su valor catastral era de 865 mil 353 pesos a la señora se le vendió en apenas 5 mil 345 pesos con 47centavos.
La Ley de Gobierno y Administración Municipal, en su artículo 204 establece que en todas las enajenaciones que realice el ayuntamiento para satisfacer necesidades de suelo para vivienda, quedará constituido de pleno derecho el patrimonio familiar sobre los inmuebles objetos de la enajenación.
Lo anterior indica que la señora Sánchez Chiu al poseer dos propiedades, como ya quedó comprobado y demostrado, se anula en automático la compra que hizo al ayuntamiento de los dos predios citados.