Por Claudio Tiznado/Tiznado Noticias
Un juicio laboral contra los Servicios de Salud Pública de Sonora destapó una posible red de corrupción que involucraría al Issste, al Sindicato de los Trabajadores de la Salud, a la Junta de Conciliación y Arbitraje y a una institución bancaria. Se trata de una compleja estructura de ingeniería financiera en la que, como eslabones de una cadena, se confabulan entidades públicas y privadas para lucrar con datos personales y fiscales de empleados del sector salud local, de acuerdo al material al que se ha tenido acceso.
Aunque se presume que pudieran ser decenas o cientos de perjudicados a través de este modus operandis, al menos una víctima de este tipo de abuso logró conectar toda una serie de hechos y circunstancias, que pudieran ofrecerle mayor certeza para avanzar en la solución de su asunto de trabajo y darle más elementos a quienes están interesados en el tema.
Es el caso de Víctor Raúl Vázquez Hernández, quien inició como médico de base federal en el Hospital Comunitario de Álamos en julio de 2015 y fue despedido de manera injustificada por directivos de los Servicios de Salud en febrero de 2017. El secretario de Salud era Gilberto Ungson Beltrán.
A más de 3 años de demandar a los Servicios de Salud de Sonora en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Navojoa no le ha llegado la justicia y hay evidencias de parcialidad a favor de la parte demandada, como si fuera un complot.
Lo anterior ya fue denunciado por Vázquez en la Contraloría General del Estado el 21 de octubre pasado en su calidad de afectado, ante los obstáculos que el órgano laboral ha opuesto en su contra.
“He sido víctima de abuso de autoridad por el personal de esa instancia que ha permitido muchas irregularidades en mi contra”, subraya el médico en su declaración ante dicho órgano de control en donde manifiesta que al despedirlo no le notificaron su baja como empleado ni le pagaron liquidación ni prestación alguna.
Y al recibir su demanda la Junta no la turnó al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en Hermosillo, lo que debió tramitarse por tratarse de un trabajador al servicio del Estado Mexicano, según el apartado B del 123 Constitucional.
“Tengo más de 3 años en vueltas a la Junta Especial de Conciliación sin respuesta favorable y todo esto me ha dejado indefenso, pues no se me ha permitido desahogar mis pruebas, para mi es una estrategia para tumbar el juicio por inactividad procesal”, objeta.
A lo anterior se suma el hecho de que el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud Sección 43 no intervino en el trámite administrativo donde se estableció la terminación de labores, aunque debió hacerlo por ser un mandato de ley.
Al revisar la documentación exhibida al reportero, todos los hechos que giran alrededor de esta indagatoria son contradictorios pero se corresponden a la vez como si fueran partes de un todo, por lo que se puede observar un encadenamiento entre las entidades involucradas.
Contubernio de la JECA y SSA
Un primer indicio que prueba el posible contubernio de la Junta con los Servicios de Salud es que al rastrear el expediente laboral 87/2017 en la lista de acuerdos en los estrados y en el portal de transparencia este no aparece, lo que implica que no se turnó y tampoco se radicó.
Las autoridades de la Junta de Navojoa siguen en su papel de “ganar tiempo” y no se resuelva el juicio, para que no se reclamen los derechos laborales y prestaciones correspondientes conforme a la Ley, apunta Vázquez.
Como parte de la cascada de maniobras en contra suya, exhibe pruebas de falsificación de firmas de la demandada que ha presentado documentos con sellos sobrepuestos para acreditar la personalidad jurídica de sus defensores legales, algunos sin cédula profesional, que igual fueron admitidos.
Pese a todo, el director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud, José David Ruíz González y la que era titular de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Navojoa, Graciela Martínez de la Torre, relata a este medio, se le acercaron y le ofrecieron una cantidad cercana a los 500 mil pesos de indemnización para llegar a un arreglo.
“Espero respuesta a mi denuncia, voy para más de tres años sin laborar; he tenido contacto con ellos (Servicios de Salud) que han procurado regresarme mi plaza pero sin pagarme los salarios caídos y sugiriéndome que al aceptar me cambiarían de adscripción a otra unidad lo cual es injusto y golpea mis derechos como trabajador y como persona, pero además se me hace sospechoso”, revela .
Y desmenuza: “Yo soy trabajador de la Secretaría de Salud con base federal al servicio del Estado de Sonora y mi vínculo con el Issste es porque el me contrató y administra mi pensión, fondo para el retiro, cotizaciones de vivienda, servicio médico y paga mi salario, aunque administrativamente dependo de los Servicio de Salud de Sonora”.
La simulación
Actualmente, aparece vigente como trabajador del Issste y en los registros administrativos se sigue pagando su salario y cotizando en el Fovisste; también se encuentra como miembro activo en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud Sección 43.
Todas las evidencia recabadas sugieren que los Servicios de Salud de Sonora se han apoderado de sus remuneraciones desde que fue despedido, en posible contubernio con el gremio sindical al que pertenece y el propio Issste, conjetura el doctor oriundo de Navojoa.
“Considero que Mario Villalobos tiene mucho que ver para que esto pueda hacerse porque es quien podría defenderme y nunca lo hizo”, insiste.
Por eso ha llegado a concluir que los Servicios de Salud maniobran así: “seleccionan” a un trabajador para despedirlo y el Sindicato opera para que el Issste mantenga vigentes sus prestaciones y fondo de pensión, mientras el empleado litiga una demanda simulada ante la autoridad laboral con total desconocimiento, pero sin haber sido despedido ni de facto ni legalmente, en un círculo virtuoso para la red de corrupción.
Vázquez Hernández supone que el esquema está diseñado para en vez de “sembrar” un “aviador” como empleado y exponerse a una auditoría donde se pueda configurar algún delito que afecte a la cadena de corrupción, los artífices utilizan el nombre de un empleado en activo con registro contable, administrativo y fiscal con el que simulan la terminación de la relación laboral, pero cerrándole las posibilidades de defenderse en el terreno laboral en contubernio con las autoridades del ramo.
Este último “método” posiblemente lo instrumentaron en Sonora a raíz de la batalla contra la corrupción emprendida por el gobierno federal en este sexenio.
Y refuerza: “Yo no trabajé desde 2017 que me despidieron y detecté facturas a mi nombre con pagos de noviembre de 2019, o sea que nunca se me canceló mi pago y la prueba es que el Sindicato cobra mi salario y todas las prestaciones que me corresponden”.
Por esa irregularidad presentó una queja ante el SAT (con número de folio 76561) a la que desconoce si se le dio seguimiento, pues sólo le informaron que esta fue turnada ante la Administración Federal de Auditoría Fiscal Federal para la investigación correspondiente.
Las evidencias
Y lo resume: “Cuando trabajas para el gobierno el SAT (Sistema de Administración Tributaria) te clasifica como asalariado y tu patrón se encarga de retener el impuesto y pagarlo al fisco, cuando trabajas por honorarios es cuando eres particular y tu pagas tus impuestos; entonces los Servicios de Salud de Sonora al hacer mis pagos y retener el impuesto correspondiente debieron hacer una factura electrónica para enterar al fisco y esa es la evidencia que existe del manejo que han hecho de mis datos aún después de que me despidieron”.
Como parte de la misma trama, recuerda que sus percepciones por nómina nunca se ajustaban a los cobros que él percibía porque eran distintas las cantidades y siempre notaba deducciones irregulares en su sueldo, pues la diferencia era notoria entre lo que le pagaban a nivel federal y lo que le entregaban los Servicios de Salud estatales. Lo anterior sucedió del 2015 hasta el 2017 en que lo despidieron.
“En pocas palabras le ´mochan´ al cheque que viene del gobierno federal y nos pagan menos”, afirma, “pero nos daban un talón falso porque ahí nos daríamos cuenta cuánto debemos ganar, ya que no viene razón social del pagador ni el RFC”.
Revela que cuando comenzó a trabajar le pagaban con cheque, pero luego, y ahora lo entiende mejor, se cambió al esquema de pago con tarjeta para que el Sindicato tuviera el control de las cuentas de los trabajadores y solicitar reposiciones de tarjetas a su antojo.
“De hecho el Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Sector Salud Sección 43 solicitó reposiciones de tarjetas a mi nombre usando la dirección del Sindicato en Hermosillo sin yo haberme enterado, hasta que detecté los comprobantes fiscales de los cobros del impuesto de esas reposiciones, o sea que el líder sindical Mario Villalobos es quien ha permitido los cobros con mi nombre en contubernio con los titulares de la Secretaría de Salud y la Dirección de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Sonora”, acusa enfadado.
Una de tantas pruebas que apuntalan su razonamiento lo representa un correo electrónico de Banca Santander que recibió el 12 de diciembre pasado donde le informaron que su cuenta 56649412136 no había registrado movimiento en “los últimos doce meses”, cuando habían transcurrido casi 3 años de su despido.
La indagatoria
Vázquez Hernández expresa que su trabajo de investigación poco a poco ha rendido frutos, pues lo que era sólo una defensa laboral se convirtió en toda una investigación, ya que en el camino, también descubrió entre otras tantas cosas, que su nombre aparece como si laborara dos veces al mismo tiempo en el sector de salud estatal.
“Se me tiene con doble nombramiento, uno de confianza y uno de base federal que era el mío y resulta que el de confianza es un trabajo que yo tuve el 2011 y renuncié el 2012 y nunca se dio de baja, con ese mismo volví a ingresar a los Servicios de Salud de Sonora que fue cuando me llegó mi base federal en 2015”, se lamenta.
A ello se suma el hecho de que le borraron su historial fiscal, pues detectó que aparentemente sólo ha trabajado en el Hospital Comunitario de Alamos, aunque ya ha laborado en diferentes instituciones como médico al servicio de la salud.
“También me retuvieron un impuesto que quién sabe dónde quedó, además falta el impuesto de los cobros que han hecho en el anonimato, porque existen las facturas electrónicas a mi nombre de los depósitos que se hicieron a mi cuenta sin yo enterarme; aunque la Secretaría de Hacienda sabe que la responsabilidad es de quien lo retuvo eso podría afectarme legalmente”, puntualiza.
Ahora luego de tres años de lucha, Vázquez Hernández desea que en el Issste actúen en consecuencia al igual que en la Secretaría Federal de la Función Pública. Lo mismo en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que ya conoce del caso pero no ha emitido una posición al respecto de la corrupción en los Servicios de Salud de Sonora cobijada por las Secretarías de la Contraloría y del Trabajo.
Luego del calvario que esto le ha significado, el ofendido solicita a las diferentes instancias de gobierno que su caso sea investigado a fondo para que se le haga justicia y poder recuperar su empleo y que la máxima presidencial de cero corrupción se convierta en realidad.