El Congreso de Sonora emitió una declaratoria de emergencia humanitaria ante el incremento de las desapariciones forzadas en el estado, con énfasis en las que tienen como víctimas a mujeres jóvenes. De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, se busca que las autoridades correspondientes volteen a ver el fenómeno social, y destinen los recursos humanos y presupuestales necesarios y suficientes que permitan atender de una forma adecuada y con la seriedad que amerita cada caso.
Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad han recopilado información sobre al menos 82 mujeres desaparecidas únicamente de junio a septiembre: 50 en Cajeme, 20 en Hermosillo y 12 en Guaymas. Como ocurre con el fenómeno delictivo en general, se estima que las cifras reales son de una magnitud mucho mayor, pero los familiares no presentan las denuncias correspondientes por temor a represalias o por desconfianza en las autoridades.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) da cuenta de que las 10 entidades más azotadas por este ilícito en términos absolutos son el estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Ciudad de México, Nuevo León, Michoacán, Puebla y Chihuahua; mientras los peores registros por 100 mil habitantes se presentan en Tamaulipas, Colima, Sinaloa y Jalisco.
Más allá de los números, cada persona desaparecida es una tragedia que puede calificarse, sin duda alguna, de emergencia humanitaria, por lo que la declaratoria emitida en Hermosillo constituye un llamado de atención para reconocer a la desaparición como una lacra intolerable que amerita una respuesta contundente e inmediata. Cuando se habla de un crimen tan atroz como la desaparición de seres humanos, un solo incidente resulta demasiado, por lo que resulta imposible dimensionar la tragedia que suponen los 15 nuevos casos registrados cada día y los 77 mil 178 que permanecen sin resolver a escala nacional.
Cabe esperar que las autoridades de Sonora reaccionen a este exhorto y pongan todo su empeño en revertir la degradación de la seguridad pública, con el enfoque de género que el tema exige, así como en esclarecer el cúmulo de casos pendientes. Por lo dicho anteriormente, los alcances de la declaratoria emitida por los legisladores sonorenses no deben restringirse al ámbito de ese estado sino, por el contrario, mover a los responsables de los tres niveles de gobierno de todo el país a atender esta problemática con todos los recursos institucionales.