Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
En Sonora, en los últimos seis años, el Poder Judicial y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos han recibido 275 denuncias por casos de tortura presuntamente cometidos por servidores públicos, de acuerdo con información obtenida por solicitudes de información por transparencia. Sin embargo, en esa entidad no existe una Fiscalía especializada para investigar el delito y según testimonios de víctimas entrevistadas para este reportaje, existe amedrentamiento y obstáculos para quienes buscan justicia por estos agravios.
Al menos 66 personas manifestaron haber sufrido tortura al enfrentar una detención y/o un proceso penal ante la Fiscalía General de Sonora y ante los cuerpos de policías estatal y municipales de Sonora, de acuerdo con los registros del Poder Judicial de ese estado, en respuesta a una solicitud de información por transparencia.
Estos casos sucedieron en el periodo de enero de 2017 —año en el que la Procuraduría de Justicia se constituyó como Fiscalía para la ejecución del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio— a marzo de 2023.
La dependencia informó que en ninguno de los casos anteriores han habido denuncias penales contra los presuntos agresores, por lo que tampoco se realizaron judicializaciones ni sentencias contra las personas señaladas.
Paralelo al registro del Poder Judicial de Sonora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió 209 quejas por tortura también del 2017 a marzo de 2023. De estas quejas, 109 fueron contra la Fiscalía General de Sonora y 39 contra policías municipales.
Sin embargo, la CEDH sólo ha emitido en este periodo tres recomendaciones por el delito de tortura cometido por funcionarios públicos de la Fiscalía, según una respuesta enviada por transparencia.
Adicionalmente, el organismo autónomo emitió otras 35 recomendaciones relacionadas con abusos físicos y psicológicos como golpes y amenazas a personas en situación de detención, pero no las catalogó como tortura, sino como abusos de autoridad, de acuerdo con información pública disponible en su portal.
En estos casos la principal autoridad responsable son policías municipales, quienes acumulan 26 recomendaciones; la Fiscalía de Sonora cinco recomendaciones, y la Policía Estatal de Seguridad Pública cuatro más.
En la entidad existe la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el estado de Sonora desde el 2014, misma que establece en el artículo 2 “programas permanentes” para capacitar a los policías municipales y que ninguna declaración obtenida por este delito “podrá invocarse como prueba en un proceso penal” en el artículo 11.
En el 2017, con el fin de crear un marco jurídico general para el delito de tortura en todos los estados de México, la administración de Enrique Peña Nieto decretó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (LGPISTOTPCID).
Dicha ley establece que la Federación y las entidades federativas “contarán con un plazo de noventa días posteriores a la fecha en que el presente Decreto entre en vigor, para crear y operar sus Fiscalías Especiales para la investigación del delito de tortura, salvo en los casos que por falta de recursos suficientes deban ser ejercidas por la unidad administrativa especializada correspondiente”, esto en el sexto transitorio del capítulo 3.
A pesar de que existe tanto la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el estado de Sonora como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (LGPISTOTPCID), “la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no cuenta con una Agencia Especial del Ministerio Público para la investigación del delito de tortura”, según la respuesta a la solicitud de transparencia enviada a la Fiscalía.
La respuesta detalla que son “Órganos Técnicos de Investigación” los que hacen las indagatorias relacionadas con este delito y no respondió a la pregunta de los procesos que pudieran existir por este delito, bajo el motivo de que no se cuenta con dicha oficina.
La Ley General también señala en el artículo 55 que: “Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán crear Fiscalías Especializadas con plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución de delitos previstos en esta Ley; contarán con Ministerios Públicos, policías, servicios periciales y técnicos especializados; y estarán dotadas de los recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para su efectiva operación”.
Ángel María Salvador, coordinador del programa de Prevención de la Tortura de la organización civil Documenta, en entrevista para este reportaje, explicó que las fiscalías estatales deben de tener “por ley” una unidad especializada que investigue la tortura.
Explicó que el no contar con una Agencia Especial del Ministerio Público para la investigación específica del delito de tortura y asignar esta tarea a las agencias ministeriales generales, podría contravenir lo que establece el artículo 55 de la Ley General.
Además, dijo que la Fiscalía de Sonora le ha respondido a Documenta que no tiene estadística detallada y sistematizada sobre el delito de tortura “la Fiscalía debería tener esa información porque forma parte de una obligación legal, hay una obligación de que existan estos registros y deberían tenerlo completamente actualizado y muy bien desarrollado”.
El especialista consideró que este vacío que ahora existe, pone en evidencia que Sonora carece de mecanismos efectivos para investigar la tortura, lo que deja en la impunidad a los perpetradores “es un error que invisibiliza el crimen”.
“Tiene que ser un registro bastante exhaustivo de cuántas personas están siendo investigadas, cuántas víctimas hay, perfiles victimológicos, bastante, bastante información y tiene que ser un registro que permita diagnosticar el problema con los patrones de conducta y también dimensionarlo. Entonces esa información en principio, la Fiscalía la debería tener porque forma parte de una obligación legal”, dijo.
La Fiscalía de Sonora también negó para esta investigación la entrega de información estadística relacionada al delito de tortura solicitada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, debido al mismo argumento de que no existe la unidad antitortura y por lo tanto no hay datos de este delito.
La Ley Especial para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el estado de Sonora, en el artículo 3, define que “comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflige a una persona dolores o sufrimientos, sean físicos o psíquicos para obtener de la persona torturada o de un tercero, información o confesión; para castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; para coaccionarla física, mental o moralmente, para que realice o deje de realizar una conducta determinada; para obtener placer para sí o para algún tercero; o por cualquier otra razón basada en algún tipo de discriminación”.
Sobre esta situación, el coordinador del Programa para Prevención de la Tortura de la organización civil Documenta explicó que “el índice de investigaciones (del delito de tortura) es bajísimo, es de los más bajos del país”; por ejemplo, indicó que según datos que ellos han obtenido por transparencia, en todo 2022, la Fiscalía de Sonora sólo abrió una carpeta de investigación por el delito de tortura en el estado.
El especialista dijo que esta negativa a crear una fiscalía especializada podría deberse a que las autoridades encargadas de investigar los hechos son las más señaladas de cometer el delito.
“Sonora es uno de los pocos estados que todavía no tiene una Fiscalía Antitortura, de hecho según datos a través de información pública que recabamos en el año 2022, existen tan solo cuatro entidades federativas que no tienen una Fiscalía especializada”, dijo.
Sinaloa, Guerrero y Coahuila son las otras entidades que no cuentan con una Fiscalía Especializada en Tortura, informó el experto.
Javier Millanes, abogado penalista graduado de la Universidad de Sonora (UNISON), quien ha abordado casos de tortura en el estado, opinó que “si investigaran la tortura, sería como dispararse en el pie”. En esto coincide el abogado José Cuitláhuac Castro Silva, quien trabajó 25 años en el Poder Judicial.
Castro Silva comentó que: “En el caso de la Fiscalía (de Sonora), seguramente, la clasificación que hacen de los delitos que llegan y que finalmente son registrados como parte de la estadística, no los ingresan con esa denominación (tortura)”.
Añadió que “si hay tortura y a la carpeta de investigación la registran como abuso de autoridad, entonces este delito escapó, ya no se registra como tal”.
El autor de esta investigación buscó la postura de la Fiscalía de Sonora, en concreto de su titular, Claudia Indira Contreres Córdova. La entrevista fue solicitada presencialmente el 29 de marzo de 2022 en la oficina de la fiscal general.
La persona que recibió la solicitud dijo que regresaría la llamada pero ante la negativa, el lunes 10 de abril nuevamente el reportero llamó a las oficinas de Comunicación Social de la dependencia y un secretario le dijo que Guadalupe Orduño, la titular, se iba a comunicar más tarde.
Por la tarde de ese día, la titular del área de Comunicación dijo por vía telefonica que “el tema de tortura no es tema, no hay nada relacionado con tortura en Sonora”, que iba a verlo con la Fiscal general y se pondría en contacto.
En los siguientes días el periodista envió mensajes vía WhatsApp y SMS, como consecuencia, Orduño solicitó previamente las preguntas que se harían en la entrevista.
Ante la negativa por esa vía, el 24 de abril nuevamente el periodista buscó el número personal de la Fiscal, ella aceptó ser entrevistada en un primer momento, pero luego de recibir las preguntas (no las había visto) no volvió a responder a las llamadas y mensajes enviados tanto a su número personal como al de su oficina.
El día 9 de mayo de 2023, Indira Contreras presentó su renuncia como titular de la Fiscalía de Sonora. Ella dio a conocer la noticia luego de una reunión que tuvo con el gobernador Alfonso Durazo, donde ambos coincidieron en que la institución necesitaba un “relevo”. El nuevo Fiscal General de Sonora es Gustavo Rómulo Salas Chávez.
Reconoce deficiencias de la CEDH
Fernando Rentería, actual presidente de la CEDH, quien el 15 de marzo de 2022 asumió el cargo, reconoció que en las investigaciones previas a su administración, en los casos de las quejas por tortura, existieron “deficiencias” en la catalogación de los delitos relacionados con esta práctica. Cabe destacar que el anterior titular de la Comisión era Pedro Gabriel González Avilés.
“No sabían de qué se trataba, del trabajo que estaban haciendo, a pesar de que llevaban muchos años. No tenían ni idea de lo que es el tema de los derechos”, consideró el nuevo presidente del organismo.
Para esta investigación el periodista buscó una entrevista con el ex presidente de la Comisión, no obstante mediante mensajes de texto negó dar cualquier declaración. “No puedo dar entrevista, me encuentro en un retiro muy agradable del servicio público”.
González Avilés refirió que todo su trabajo como titular se encontraba en los informes anuales de la CEDH y que allí se podía consultar todo tipo de información.
En relación a la identificación de tortura en recomendaciones catalogadas como abuso de autoridad, Rentería dijo: “Puedes notar incluso que en cosas tan burdas, donde ni siquiera se necesita ser muy especialista para saber que el hecho de alguna manera debe entrar en la categoría de tortura”, dijo sobre los casos que no se registraron como tal.
Agregó que en la administración pasada había una “apatía e indiferencia” por parte de quienes estaban en la CEDH, así como deficiencias técnicas en el entendimiento de los derechos humanos, además de que “faltaba compromiso”.
Para resarcir este hecho, dijo que la dependencia a su cargo acaba de formar un grupo especializado en el Protocolo de Estambul en una rueda de prensa el 29 de septiembre de 2022, oficina que ya se encuentra investigando y documentando la tortura en Sonora.
El presidente de la CEDH adelantó que, aunque ya están en funciones, presentará formalmente a los miembros de este equipo a la ciudadanía en los próximos meses, esto sin detallar una fecha precisa. Hasta el cierre de esta investigación, la Comisión no ha presentado al equipo.
El Protocolo de Estambul es un manual para la investigación y documentación eficaz en los casos de tortura, diseñado por especialistas en la materia y avalado por la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Para este reportaje se le solicitó a la CEDH información actualizada a la oficina encargada de investigar los casos de tortura, para saber cuántos dictámenes ha realizado de acuerdo al Protocolo de Estambul.
La dependencia informó que “en 2022, se realizaron 15 dictámenes del Protocolo de Estambul. En 2023, se han practicado ocho y se tiene programadas siete fechas para la misma cantidad de protocolos para el año en curso, más las solicitudes que se requieran tanto en el procedimiento de queja como por parte del Poder Judicial”.
Acusan amedrentamiento y obstáculos en los casos de Karen Duarte y Fabián Reyes
Esta investigación consultó a abogados y familiares de dos personas que presuntamente sufrieron tortura: Karen Alicia Duarte López condenada a 47 años por feminicidio, actualmente está esperando a que se le realice el Protocolo de Estambul, según el penalista que atiende el caso; y Fabián René Reyes Valdez, quien fue encontrado colgado en una celda del municipio de Empalme.
El Protocolo de Estambul es el manual desarrollado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para la investigación y documentación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los peritos especializados que realizan estos dictámenes son reconocidos por las instituciones encargadas de la procuración de justicia en el país.
Si en el caso de Karen comprueban que hubo tortura al momento de tomar su declaración, entonces el caso necesitaría una revisión desde cero, parcial o definitivamente no procede, agregó el abogado Juan Pablo Gastelum.
La Ley General para la Prevención de la Tortura establece en el artículo 2 que “aquellas personas, sentenciadas o procesadas, cuyas pruebas presentadas en su contra, carezcan de valor probatorio, por haber sido obtenidas directamente a través de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos, podrán interponer los recursos e incidentes correspondientes”.
Piden reabrir caso de Karen Duarte
Juan Pablo Gastelum, abogado penalista del caso Karen Alicia Duarte Lopez, explicó para este reportaje que la hoy reclusa, fue detenida debido a que el 19 de enero de 2021, presenció un feminicidio a manos de otras personas, mismas que se encontraban bajo los efectos del “cristal”, droga por la que Karen sufría una adicción y era la razón por la que se encontraba en el lugar de los hechos.
Hasta este día, señala su abogado, no hay ninguna prueba que conecte a Karen con la víctima.
“Nos llamó mucho la atención su detención, la mecánica con la que se conducen los agentes de la policía municipal y el abogado público que ella tiene cuando la declaran que, a pesar de estar asesorada legalmente, la impulsa a que declarara de la manera en la que lo hizo”, dijo.
Gastelum refirió que, de acuerdo al expediente penal del caso, el examen genético de la Fiscalía señala que hay un intercambio de ADN entre el cadáver y los posibles culpables, debido a la sangre y otros fluidos que quedaron expuestos durante el homicidio.
El resultado de este examen concluyó que no hay muestras biológicas que correspondan a Karen, pero sí que hay ADN de otra mujer y varios hombres, aunque hasta la fecha sólo ha habido un detenido.
Ella, en la entrevista que el periodista realizó en el interior del penal para este reportaje, relató que luego del feminicidio fue amenazada para que subiera a un vehículo para ir a tirar el cuerpo de la mujer. En el trayecto fueron interceptados por una patrulla. Cuando pararon las otras personas corrieron, menos ella y el chofer del vehículo.
Karen Duarte narró que le pidió ayuda a los elementos de la policía municipal, porque dijo que era llevada a la fuerza en el vehículo.
Explicó que el primer contacto que tuvo con los municipales fue con una oficial mujer que le dijo “No te hagas pend…”, presuponiendo la culpabilidad de Karen en los hechos.
Los uniformados le pidieron que esperara detrás de la patrulla, después se llevaron al conductor del vehículo y a Karen a la escena del crimen. En dicho lugar se le acercó un oficial y le dijo: “Ya sabes lo que tienes que hacer morra, si hablas vas a valer ver…, ya sé dónde vive tu familia”, detalló en la entrevista.
Añadió: “Ni una palabra, solo golpear en la pierna, en el brazo, en el abdomen, pero nunca en el rostro. Paraban un momento y luego continuaban, así por 20 minutos. Cuando terminaron, los oficiales dijeron: ‘Eso es una probada de lo que le puede pasar a tu familia’”.
Pablo Gastelum contó que luego de esto, agentes del Ministerio Público escribieron unas hojas y le hicieron firmarlas, “firmó porque la habían golpeado, amenazado con lastimar a la familia”.
Cuando la familia de Karen Duarte logró contratar al abogado penalista Pablo Gastelum, ellos iniciaron el proceso para revisar el caso y proceder a la denuncia por tortura, misma que al momento del cierre de esta investigación sigue en proceso y en espera que se le aplique el Protocolo de Estambul.
El abogado José Cuitláhuac precisó qué deben hacer las autoridades ante este delito: “procesalmente hablando, el juez tiene dos obligaciones: la primera obligación es darle vista al Ministerio Público de la existencia del acto de tortura y observar que el Ministerio Público efectivamente investigue ese hecho.
“Por el otro lado, tiene una obligación procesal, que es que bajo su propia tutela el juez investigue la existencia de los actos de tortura y entonces hace uso de entidades especializadas para poder obtener bajo el Protocolo de Estambul, la existencia de elementos concernientes a la tortura en ese procesado”, detalló.
Explicó que de ser positiva la opinión de los expertos, el juez tiene la obligación de que esa confesión sea anulada procesalmente hablando y no la tome en cuenta para dictar la sentencia.
Exige justicia por su hijo Fabián Reyes
El 7 de febrero de 2022, María Esther recibió una llamada en la que le comunicaron que su hijo Fabián René Reyes Valdez se suicidó en una celda del municipio de Empalme, Sonora.
Le dijeron que varios agentes se lo llevaron, que “eran muchos policías los que lo habían detenido, que lo golpearon mucho”; esto sucedió afuera del domicilio de la persona que la contactó, la ex pareja de su hijo.
A Fabián lo hallaron en su celda atado de manos, golpeado y con marcas en el cuello de agujetas distintas, afirma María Esther, quien tiene en su posesión el dictamen médico y fotografías de cómo fue encontrado el cuerpo. Estos documentos los presentó como prueba en la denuncia por el delito de tortura ante la Fiscalía de Sonora, la Fiscalía General de la República y la CEDH.
La madre aseguró: “A mi hijo lo asesinaron policías municipales de Empalme, Sonora”.
María Esther sostuvo que los cinco oficiales que detuvieron a su hijo fueron los mismos que después lo descolgaron de su celda, de acuerdo a las investigaciones del caso.
Añadió que durante el velorio de su hijo, estos mismos uniformados fueron a la funeraria y trataron de llevársela detenida, acusándola de haber robado varios objetos de la propia funeraria.
El 9 de febrero, luego del funeral de su hijo, María dijo que estaba convencida de que él no se había quitado la vida. Por lo que fue a la Fiscalía de Empalme, con la intención de interponer una denuncia por el delito de homicidio presuntamente cometido contra su hijo. Sin embargo -explicó- la persona que la atendió le dijo que no podía levantar la denuncia, que primero necesitaba decir los nombres de los asesinos.
“Yo me quedé así ¿cómo? Pues si yo estoy pidiendo una investigación. Yo no estoy señalando asesinos. Ella (la mujer que la atendió) dijo que no. ‘Usted tiene que decirme quiénes son los asesinos’”.
A los pocos días María regresó a poner la denuncia ante Fiscalía, esta vez acompañada de su hermana y una sobrina, pero obtuvo la misma negativa. En esta ocasión -recuerda- la secretaria les gritó: “¡espérense, quédense aquí!”.
María rememora que sintió mucha inseguridad y miedo, por lo que se retiró del lugar en ese momento. Después fue a las oficinas de la Fiscalía de Guaymas pero tampoco quisieron tomarle la denuncia.
Recuerda que su hermana María la convenció de interponer la denuncia en las oficinas de la Fiscalía ubicadas en la ciudad de Hermosillo, ubicada a 140 kilómetros de Empalme. El 14 de febrero de 2022 llegó a la capital del estado. Ahí, explicó, le dijeron que ya habían iniciado una investigación y que sabían que habían hecho denuncias públicas sobre lo sucedido en medios de comunicación. Pasaron los días y la investigación no avanzó.
Un año después de los hechos, María decidió comprar un megáfono y plantarse afuera del palacio de gobierno y exigir ver al gobernador. Logró ser recibida por Alfonso Durazo y tras un breve intercambio de palabras le indicó que haría que la fiscal general Indira Contreras Córdova y la secretaria de Seguridad Pública María Dolores del Río la vieran personalmente.
La reunión con la Secretaría y la Fiscalía sucedió, pero con el tiempo no hubo gran avance, acusó María.
María regresó a plantarse a las afueras del Palacio de Gobierno y refiere que el gobernador la recibió de nuevo, en la reunión también se encontraba la entonces Fiscal Claudia Indira Contreras Córdova.
María recuerda que cuando se quedó sola con ella, la funcionaria “agarra un papel y un lápiz; me pregunta ‘¿cuándo fue la primera vez que su hijo tuvo contacto con drogas?’. Señora -le digo-, creo que esa pregunta es irrelevante. Creo que ustedes deben preocuparse por investigar la muerte de mi hijo, no su vida”.
En febrero, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Hermosillo, María nuevamente se plantó afuera y con un megáfono pidió justicia para su hijo: “De ida nomas me miró pero de vuelta, decidió recibirme y turnó mi caso a la Fiscalía General de la República”.
En marzo del 2023, familiares de María le hicieron saber que la tumba de su hijo, localizada en Guaymas, había sido intervenida sin razón alguna, nadie podía explicar qué había pasado, según consta en las fotografías y videos del expediente.
Ante este hecho, miembros del ejército estuvieron resguardando la zona e incluso instalaron una cámara de vigilancia, misma que, de alguna manera, robaron incluso con presencia militar.
Días después de este suceso María volvió a pedir una necropsia del cuerpo. Ella aseguró que ya no tiene confianza en las instituciones.
El martes 6 de junio de 2023 se realizó la necropsia. Al cierre de este reportaje aún no se han entregado los resultados de este proceso.
José Cuitláhuac Castro Silva, abogado penalista, asegura que presentar una denuncia en la Fiscalía, es un laberinto, casi inaccesible. En esto coincide Ángel María Salvador de la organización Documenta, quien detalla la ausencia de instituciones estatales capaces para investigar el delito de tortura implica que no se reconozcan los casos y que no haya registros de este crimen.
Entonces -reitera Salvador- no se trata de un “no sucede” o “no es tema”, sino que más bien es un asunto de invisibilización y no especialización en la materia. Que Sonora tenga una unidad especializada en el delito de tortura no es una opción, sino una obligación, tal y como lo dicta la ley federal.
Créditos
Francisco Sandoval Bojórquez
Carlos Mendoza | Ilustración
Ángeles Mariscal | Edición
Melina Barbosa | Verificación