EMEEQUIS.– El tamaño de la crisis de violencia que atraviesa el país puede verse a través de los cristales de los Servicios Médicos Forenses (Semefos) y panteones ministeriales, donde se han reportado 35 mil cuerpos sin identificar de 2011 a 2018.
Los cadáveres sin nombre ni apellido podrían ser parte de los 75 mil desaparecidos que se tienen registrados desde 1964, según datos de la Secretaría de Gobernación.
Frente a la falta de respuesta de las autoridades, han proliferado los colectivos de búsqueda y reconocimiento de familiares, un movimiento de verdaderos héroes ciudadanos.
Los Semefos a nivel nacional poseen bases de datos insuficientes. Un rubro con mayor deficiencia son los registros odontológicos de personas no identificadas. La Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guanajuato, Oaxaca, Sonora y Zacatecas no cuentan con uno y hay algunos otros que no tienen información de cadáveres no reconocidos.
Estos datos se desprenden del estudio realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en colaboración con la Fundación Friedrich Naumann: “Crisis institucional forense y respuestas colectivas frente a la búsqueda de personas desaparecidas”.
El Observatorio detalla que, en la recopilación de información sobre las bases de datos de los Semefos, se obtuvo que en 14 entidades el proceso de registro para el ingreso y egreso de personas no identificadas se hace manualmente, este es el caso de: Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Solamente dos estados, que son Chihuahua y Jalisco, hacen dicho proceso de manera electrónica. En 10 entidades usan ambas formas. En tanto que el Estado de México, Guanajuato, Morelos y Quintana Roo no proporcionaron de qué manera hacen sus registros.
La organización de la sociedad civil considera que una de las principales funciones que deben atender los Semefos es: la recopilación, sistematización y resguardo de la información que recaban a través de los diversos procesos que implementan, pues de esto puede llegar a depender la identificación de una persona fallecida.
Aunque en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que entró en vigor en enero de 2018, se determinó la creación de un Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, así como de un Banco Nacional de Datos Forenses, el cual debe integrar el Registro Nacional de Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas, a la fecha, las autoridades federales no cuentan con estos instrumentos.
POCO PERSONAL
A escala nacional, en promedio, hay 10 personas desaparecidas por cada persona ocupada en servicios periciales y médicos forenses, esto en 2018. No obstante, hay 13 entidades que superan este indicador, lo que apunta a una sobrecarga de trabajo.
En el caso de Sinaloa, hay 36.3 personas desaparecidas por cada persona ocupada en los servicios periciales. Otras entidades con un número elevado son: Guanajuato, con 33.3; Aguascalientes, 23.4; Puebla, 21.4, y Tamaulipas, con 20.
Mientras que las otras entidades que están por debajo de las 20 personas desaparecidas por persona ocupada, pero que rebasan el promedio nacional, son: Sonora, Colima, Estado de México, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Querétaro y Campeche.
Las cifras son resultado de los datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE), que da información de los recursos humanos y materiales de los servicios periciales y médico forenses en las entidades y el registro de personas desaparecidas en la base de datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la delincuencia.
EVALUACIONES POR ESTADO
De 9 puntos calificados por la ONC, segmentados en: personal de los Servicios Médicos Forenses (Semefos), equipamiento y procesos, Guerrero, Puebla, Sonora, Campeche, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Baja California, Oaxaca y Sinaloa sólo obtuvieron 1 o 2 puntos y en algunos casos cero. En el rango de muy mal se ubican Guerrero, Puebla y Sonora y en mal el resto de las entidades mencionadas.
Las entidades que están en un espectro de regular a bien (entre 4 y 6 puntos) son: Chihuahua, Ciudad de México, Baja California Sur, Guanajuato, Yucatán, Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Tlaxcala, Colima, Durango, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz. Sin embargo, pese a tener una mejor evaluación, eso no las exime de estar rebasadas.
“Están desbordados nuestros Semefos y nadie está haciendo nada por atenderlos”, aseguró Francisco Rivas, director del ONC, durante la presentación del estudio, que se llevó a cabo el pasado 22 de septiembre.
Por otra parte, al contrastar las capacidades forenses con la problemática de desaparecidos, se identifica que estados como Tamaulipas y Sinaloa no sólo carecen de capacidades forenses, si no que enfrentan una severa problemática de desaparecidos, resalta el documento.
En ese sentido, Rivas apunta que las desapariciones siguen siendo una parte olvidada de la política pública y eso se demuestra en el entramado institucional, en la carencia de recursos que se le da a este rubro. “Esta crisis tiene un rostro humano, que son las víctimas, y otro que son las deficiencias económicas, de personal especializado, de instrumentos, de bienes inmuebles, métricas de evaluación y seguimiento; de ausencia de colaboración institucional, que hacen que este fenómeno siga creciendo”.
Es así como se destapa la necesidad fundamental de consolidar las capacidades gubernamentales en materia forense, para lograr que los actos y diligencias de investigación en materia de desaparición forzada e involuntaria tengan una mayor celeridad y permitan, al menos, certeza a los familiares acerca de los procesos para la ubicación e identificación de la víctima.
PRESUPUESTO
En 2018, el total de presupuesto asignado a las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las entidades federativas fue de 2 mil 71 millones de pesos, según la información del CNPJE.
Los recursos dedicados a los servicios periciales y/o a los Semefo representaron en promedio 3% del total de presupuesto de Fiscalías, entre las entidades federativas que registraron información. Destaca la Ciudad de México, que fue la que dedicó un mayor porcentaje a estas actividades, con 18%; en contraste, Guerrero, Hidalgo y Tamaulipas sólo dedicaron 1% de su presupuesto a las funciones referidas.
La distribución del presupuesto en estos servicios es que 47.1% se destinó a servicios personales, 15.4% a materiales y suministros, 9.1% a Servicios generales, 0.4% a subsidios y transferencias, 5.7% a adquisición de bienes muebles e inmuebles y 0.2% a Obras públicas.
Se observa que, en lo que se refiere a los laboratorios para llevar a cabo experimentos, investigaciones o trabajos de carácter metódico, científico o técnico, y a los laboratorios móviles, que son unidades integradas por equipo especializado e instrumentación necesaria para peritajes de campo, en suma, son 301 a 2018: hubo un incremento de sólo 1.7% en relación con 2017.
Hace unos días, el país fue testigo de una imagen estremecedora: una madre reconociendo el cuerpo de su hijo, asesinado con extrema violencia y enterrado en una fosa clandestina en Sonora. Ella es parte del colectivo Buscadoras por la Paz.
Estos colectivos, que han ido en aumento, son respuesta a la falta de atención a de las autoridades. A Enedina, pese haber denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado la desaparición de su hijo Víctor, y haber aportado información para la investigación, le hicieron caso omiso.
En el mapa de capacidades forenses y presencia de colectivos de búsqueda, elaborado por la ONC, se identifica que 23 entidades cuentan con estas agrupaciones: Veracruz y Tamaulipas son las que más tienen, entre 16 y 25.
Sonora, Guerrero y Puebla, pese a que tienen un indicador calificado como “muy malo” en las capacidades del Semefo, son las que menos colectivos tienen. En el caso de las dos primeras son entre 1 a 10 y en el de Puebla no se marca la presencia de alguno.
El documento refiere que la emergencia en torno a las desapariciones en el país es de tal calado que la actuación de los colectivos es una herramienta central en el proceso de investigación forense. “Sin embargo, hay espacios como la propia identificación de la persona, que sin la participación de las instituciones del Estado, es prácticamente imposible”.