Hermosillo, Sonora. — El caso del médico Maximiano Verduzco —señalado por la administración de sueros irregulares que provocaron la muerte de ocho personas y afectaron a decenas de pacientes— ha dejado al descubierto una profunda red de complicidades institucionales, sociales y familiares que hoy lo mantienen prófugo de la justicia.
Más allá de la tragedia sanitaria, el expediente se ha transformado en un entramado de influencias donde la impartición de justicia es cuestionada y figuras clave, como Daniel Humberto Flores, transithen peligrosamente de la complicidad a la posición de víctimas.
La evasión de Maximiano Verduzco no ha sido producto del azar, sino de un presunto blindaje estructurado desde altas esferas:
En abril pasado, la Jueza Tercera de Distrito en Hermosillo, Irma Socorro Gómez Chávez, otorgó una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo que facilitó que el médico evadiera la acción de la justicia. Esta medida fue otorgada a pesar de la gravedad de los hechos y sin ponderar adecuadamente el perjuicio al interés social y la magnitud de la tragedia.
Han surgido cuestionamientos sobre los lazos familiares y de vecindad que rodean a la juzgadora. La jueza Gómez Chávez es sobrina de Ana Luisa Chávez Haro, subsecretaria de Gobierno, quien a su vez mantiene una relación de vecindad y aparente amistad con Diego Alfonso Muñoz Pesqueira, abogado defensor del médico prófugo. Si bien estas circunstancias forman parte del escrutinio público, evidencian la opacidad y los posibles conflictos de interés que rodean el expediente.
En el centro de esta red de complicidades destaca la figura de Daniel Humberto Flores, cuya trayectoria dentro del caso ilustra cómo las redes de poder instrumentalizan a los involucrados secundarios.
Versiones en torno a la investigación apuntan a que Daniel Humberto habría colaborado directamente con el prófugo, facilitándole medicamentos y ayudándole a mantener oculto su paradero.
Daniel Humberto, como parte el eslabón de supuesta complicidad fue puesto a disposición de las autoridades tras ser observado con sustancias prohibidas (el sólo aportó elementos para incriminarlo), un hecho respaldado por material videográfico difundido en redes sociales y bajo la premisa de que no se cuenta con registro de una actividad laboral lícita reciente.
En contraste con las acusaciones, sus familiares han rechazado categóricamente su responsabilidad penal y han exhibido las contradicciones del proceso. La situación ha dado un giro al revelarse compromisos de apoyo por parte del propio Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora hacia la familia de Daniel Humberto, evidenciando cómo una persona señalada de colaborar con la red de huida pasa a ser tratada como víctima o pieza vulnerable frente al aparato de complicidades que protege a Verduzco.
Mientras la red de influencias políticas, familiares y judiciales continúa operando, Maximiano Verduzco sigue sin ser localizado. El expediente de los sueros letales en Sonora no solo exhibe una negligencia médica con consecuencias fatales, sino también la fragilidad del Estado de derecho ante redes de protección institucional que convierten a operadores menores en víctimas de un sistema colapsado.
La Fiscalía de Sonora enfrenta un dilema digno de una novela negra: investigar una tragedia de homicidios masivos por negligencia médica mientras sus propios tribunales judiciales y funcionarios tejen redes de protección que neutralizan la ley.