En los últimos dos años, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) ha recibido mil 462 quejas relacionadas con la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, por la vulneración de las garantías individuales de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en Centros de Reinserción Social (Cereso).
Entre 2019 y 2020, las autoridades del Cereso El Hongo recibieron 624 quejas en su contra por violentar los Derechos Humanos de los internos en el penal. Fueron 334 quejas en 2019, mientras que el año pasado la CEDHBC recibió 290.
De acuerdo con el organismo, los principales Derechos Humanos presuntamente vulnerados fueron:
Derecho a la Protección de la Salud.
Derecho a la Seguridad Jurídica.
Derecho al Trato Digno.
Derecho a la Igualdad.
El Cereso con mayor número de quejas es El Hongo, aun cuando sus instalaciones son las más modernas, cuentan con certificados internacionales y gozan de espacio para más internos sin provocar hacinamiento como en la Penitenciaría de Tijuana.
Entrevistados por ZETA, familiares de PPL comentaron que en dicho centro de reinserción social, sus presos están aislados, no se han podido comunicar con ellos vía telefónica por semanas y en la escasa comunicación les han informado de la mala calidad de la comida e de intoxicaciones por estos alimentos.
“La comida que les están dando está mala, les están dando una cochinada de comida. El trato que les están dando, los están maltratando como si fueran animales. Hablaban antes cada dos veces por semana, ahora solamente una, si tienen suerte”, señaló la madre de un interno en El Hongo.
Ante ese contexto, fue consultado el coordinador del área jurídica en la asociación Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), Alfredo Alexander Dimas, quien encabeza la lucha legal contra de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario por la defensa de los Derechos Humanos de las PPL.
A continuación, la entrevista de ZETA con Alexander Dimas:
— ¿Cuál es el escenario respecto a violación de los derechos humanos en los centros penitenciarios de Baja California? Me comentan que han estado registrando muchas denuncias por familiares de PPL, ¿cuáles son estas denuncias que les han hecho llegar? ¿Qué tipo de abuso en derechos humanos reportan estas personas?
“Hemos recibido una multiplicidad de quejas. En la actualidad hay una crisis muy grande con relación a derechos humanos en todos los centros penitenciarios, en algunos es más evidente y en otros es como una bomba de tiempo, como estalló en estos momentos; prueba de ello es el intento de motín en el Cereso de Mexicali, como consecuencia de la falta de las condiciones que dictan las reglas de internamiento.
“Otro tema bien importante es lo que está pasando en los centros penitenciarios como El Hongo, donde hubo la intoxicación de al menos más de 50 personas por el tema de la comida. No es nuevo todo esto, nos han denunciado que a las personas privadas de su libertad se les da comida en malas condiciones, entonces, como consecuencia sufren intoxicación, lo que generó que muchísimos familiares alzaran la voz.
“Nosotros hemos generado acciones para tratar de mitigar en la medida de lo posible y de que se puedan activar con estos mecanismos que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal para generar estas condiciones dignas”.
— ¿Qué tipo de acciones están llevando por parte de la asociación, para ayudar o proteger los derechos humanos o atender esas denuncias?
“Hicimos un exhorto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para llamar la atención, para que empiece este tema de investigación, y esto requiere de varias acciones que estamos realizando. En la actualidad la Ley nos establece una herramienta para que podamos hacer efectivos estos derechos. Tuvimos la oportunidad de tener el contacto con varias personas que nos hablaron a la oficina y nos dijeron ‘Oye, qué crees, mi familiar está bajo esta misma situación’. Hemos identificado dos violaciones graves, la intoxicación, el tema de las condiciones de salubridad de alimentos y la incomunicación, pues a las personas simplemente no les están dejando marcar a sus casas, con sus familiares, y es ahí donde viene el problema porque muchos están con la incertidumbre de no saber si su familiar está bien.
“Nosotros promovimos una petición administrativa sustentada en lo que establece el Artículo 107 y 108 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que se garanticen condiciones de vida digna dentro de los centros penitenciarios. Dependiendo de la respuesta que nos den a este mecanismo judicial, en caso de un incumplimiento o de una omisión, pues ahí viene otro tipo de procedimientos para hacer el cumplimiento ya obligatorio de esta violación que está ocurriendo, por lo menos desde AsiLegal es lo que estamos haciendo, un trabajo de incidencia para visibilizar esta situación”.
— En la Fiscalía General del Estado y funcionarios del sistema penitenciario comentan que no hay denuncias directas, solamente la grilla de la gente víctima de las supuestas violaciones de los derechos humanos. ¿Es esto cierto? De ser así, ¿a qué se debe?
“Es una situación súper preocupante para nosotros, porque justamente cuando empezamos a movilizarnos con este grupo de gente, contactada gracias a las redes sociales, los familiares de los Privados de la Libertad que estaban pasando por esta situación, tratamos de explicarles cuál es el trabajo de la organización y qué es lo que podíamos generar, pero sorprendió mucho que únicamente seis o siete personas aproximadamente fueron las que se acercaron directamente para decirnos ‘Oye, a mí me interesa que nos ayuden con esta situación que está pasando en el centro’. Esperábamos tener un poco más de personas, para que tuviera más ventaja; esto no implica que si son tres o cuatro, no tengan la misma fuerza, sin embargo, no es lo mismo 10 a 50 gentes, por ejemplo.
“Nos enfrentamos con esa problemática, no más de siete personas al menos nos contactaron directamente para decirnos ‘Échame la mano’, por eso únicamente se queda como grilla de los propios familiares, se queda como una manifestación. No existe una movilización de instrumentos jurídicos directamente como una denuncia, como la solicitud de una petición ante el juez de ejecución, que es el facultado para garantizar las condiciones de una vida digna y eso nos preocupa muchísimo, porque la gente nada más voltea a ver los centros penitenciarios como los principales violadores de los derechos humanos.
“A estas alturas ya no es una obligación exclusiva del centro penitenciario, sino de las autoridades, entre las que se encuentra el juez de ejecución, encargado de garantizar lo que pasa en el centro penitenciario; sin embargo, se invisibiliza la situación de los presos. Justamente nosotros publicamos un informe acerca de cómo ha ido este avance sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal como la norma que se encarga de regular esta relación con las personas privadas de su libertad, y nos dimos cuenta que únicamente han sido seis defensores que se encuentran en el municipio para apelar por la garantía de los derechos de estas personas. Es una cantidad interesante de autoridades que convergen y nadie le pone atención”.
— En el caso de los alimentos, con la empresa La Cosmopolitana, ¿hay un intento por mejorar las prácticas de esta empresa? ¿Ustedes han registrado un cambio con esta? Prácticamente es la que tiene el monopolio de los servicios penitenciarios…
“Sí, el tema de las empresas de alimentos son un problema siempre, a pesar de que los centros penitenciarios, cuando suceden hechos como estos, pretenden echarle la culpa nada más a la empresa para tratar de deslindar su responsabilidad, pero también son culpables.
El tema de la mala calidad en la comida es generalizado, he escuchado cada vez que me marca una mujer de Mexicali, Ensenada o Tijuana que la comida está terrible y prácticamente el negocio es el tema de los alimentos independientes que se venden ahí adentro. Todo lo que pasa dentro del centro penitenciario es con responsabilidad ya no solamente de esta, sino de varias autoridades”.
— ¿Ustedes han interpuesto algún recurso legal en contra de esta empresa o para mejorar su servicio?
“En la actualidad, desde nuestra trinchera, no hemos denunciado o tenido alguna controversia directa con esta empresa de alimentos, sin embargo, esta va a ser la oportunidad, porque en eso va el recurso que vamos a presentar, que trae una petición administrativa donde vamos a denunciar las malas condiciones de los alimentos que existen dentro de, al menos, los centros penitenciarios en Baja California, siendo más específico, los ‘Hongos’. Por eso estamos presentando el recurso contra el Centro de Inserción Social, para que atiendan el tema de la mala condición de la comida”.
ZETA buscó a las autoridades del centro penitenciario El Hongo, sin embargo, solo el subdirector del penal, Francisco Isaías Calderón Mendoza, atendió la petición de atender a este medio de comunicación. Además de la entrevista, el funcionario dio un recorrido al equipo por algunas partes del Cereso.
Solamente se pudo entrar a la cocina del área para recibir a las visitas, no se encontró nada anormal; nos mostraron los talleres de carpintería y al de corte y confección. Calderón presumió los números artísticos de los PPL, como la banda de música, el grupo de teatro y de baile.
Finalmente nos llevó al área médica, donde los estantes de medicamentos lucían medio vacíos, aunque argumentó que cuentan con el suficiente, solo que lo tienen almacenado en otra área. En general el área se encontraba con los estándares comunes de los centros médicos.
— Familias y representantes legales de las Personas Privadas de la Libertad denuncian que en este Centro Penitenciario se violan los Derechos Humanos de los internos, planteó ZETA al subdirector de El Hongo.
“No hay ninguna violación en contra sus derechos, al contrario, se respetan sus derechos humanos, se respetan todas sus garantías, lógico, con las limitantes consideradas de acuerdo en la Ley bajo una sentencia. Se les dan sus actividades, se les dan cursos, tanto por psicología como criminología, están ubicados criminológicamente de acuerdo a su proceso y su sentencia, no hay ninguna violación”.
— Entonces, ¿por qué denuncian esto las familias?
“Desgraciadamente, considero que es una mala información, por no acercarse aquí, a trabajo social, a dirección, o subdirección; nosotros estamos abiertos a una plática y un diálogo. De hecho hay familiares que se les da esa atención, a la hora que les agrade y que quieren hablar con nosotros, nosotros platicamos con ellos. Entiendo que desgraciadamente por la pandemia no han podido ver a sus privados de la libertad, no han podido realizar esa actividad y desgraciadamente se sienten presionados y sienten que son violentados sus derechos, desgraciadamente. Mientras la Secretaría de Salud no lo autorice, nosotros no vamos a poder llevar a cabo las actividades sin ningún problema”.
— Las familias también denuncian comida en mal estado, ¿cómo lo supervisan?
“Tenemos un chef que es el que se encarga de supervisar a esta empresa, ellos también traen su chef y su personal que se dedica hacer el producto, con ayuda de los privados de la libertad que están asignados a esas áreas. El chef de nosotros revisa todo el alimento, cómo se está procesando, cómo se está llevando a cabo; asimismo, se quedan muestras de ese producto, por tres días que es la de testigo. Esa pequeña comida se manda analizar, si llegara a existir un problema, de hecho, para poder analizarlo se va a un laboratorio externo por lo mismo, para que tengamos la seguridad de lo que se está analizando”.
— ¿Cuántas veces han recurrido a este laboratorio?
“Solo ha sido una sola vez en la que se utilizó. Fue un problema aislado donde 40 privados de la libertad tuvieron problemas gastrointestinales. Desgraciadamente hay una forma que ellos utilizan mucho, una actividad, ellos compran un producto, una torta y la guardan, guardan su producto para comérselo uno o dos días después. Desgraciadamente el embutido, como bien lo sabemos, se echa a perder. Al momento que lo digieren les causa un problema. Fueron 40 casos, ninguno grave, todos se pudieron atender allí, se les dieron sus antibióticos para que pudieran resolverlo sin problemas”.
— ¿Hace cuánto fue?
“Fue hace 15 días”.
— Y qué pasó con la comida, ¿se analizó?
“Se mandó analizar la comida y no fue la comida. No sabemos realmente cuál fue la razón”.
— Aun así, fueron muchas personas, ¿no le parece raro?
“Fueron 40 de una población de 3 mil 800”.
— ¿Cuál es el nombre del laboratorio?
“El laboratorio fue contratado por la empresa La Cosmopolitana; desconozco su nombre en este momento, pero fue ese el que determinó que fue la comida”.
— ¿Cuál es la población actual del penal?
“Son 3 mil 891 personas privadas de la libertad, exactamente”.
— ¿A qué porcentaje de su capacidad se encuentra?
“Al 60% de su capacidad. Le caben alrededor de 6 mil personas, son siete por celda. Este fin de semana pasado nos trasladaron a 200 de Mexicali, por el motín que se suscitó. Aquí están tranquilos y en vigilancia, pero tranquilos”.
— ¿Qué les reclaman o solicitan con mayor frecuencia los privados de la libertad?
“Nos han externado lo que es la atención médica, se les está dando el medicamento a aquellas personas que ya tienen enfermedades crónico-degenerativas o padecimientos ya largos. Desgraciadamente, por la misma cantidad de población a lo mejor no se los damos en el día exacto, pero si uno o dos días después de lo que marca su control, y no llega a pasar a más”.
LA COSMOPOLITANA
Los alimentos que se preparan, sirven y venden dentro de El Hongo, son provistos y administrados por La Cosmopolitana. Compañía que ha sido investigada y denunciada por proveer alimentos de mala calidad, intoxicaciones de reos y condiciones insalubres de trabajo.
Desde 2006, con el panista Vicente Fox en la Presidencia de la República, La Cosmopolitana estableció su monopolio que a la fecha pervive en el servicio de alimentos para los gobiernos, principalmente en las cárceles, corporaciones de seguridad, el Instituto Mexicano del Seguro Social y DIF.
El 2 de febrero de 2013, la mala calidad de los alimentos de la firma Kosmo provocó el motín en las Islas Marías, Nayarit. El 24 de mayo de 2014, más de mil 200 internos del Penal Estatal de Puente Grande en Jalisco resultaron intoxicados. Y entre 2013 y 2019, la empresa fue sancionada en 32 ocasiones por la mala calidad de los alimentos en el sistema federal penitenciario.
En Baja California, La Cosmopolitana firmó un contrato por 77 millones de pesos para alimentar por tres meses a todo el sistema penitenciario. La razón fue la millonaria deuda que el Estado tiene con dicha empresa. En octubre de 2019, el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid se fue debiendo 60 millones de pesos, y la actual administración está pagándoles en abonos, acumulando una deuda promedio de 10 millones de pesos por mes.
En lo que va de gestión de Jaime Bonilla Valdez no se habían tenido reportes de PPL intoxicadas, tampoco de alimentos en mal estado y menos de un entorno insalubre para la elaboración de los alimentos. Sin embargo, el 21 enero pasado, 44 internos de El Hongo enfermaron del estómago por lo que ingirieron en el penal.
La CEDHBC abrió expediente en contra del sistema penitenciario de Baja California, y el domingo 24 de enero de 2021, solicitó medidas cautelares dirigidas al comisionado del Sistema Penitenciario, Salvador Morales Riubí, y al secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, para garantizar los derechos de las PPL en todos los Cereso de la entidad. Acción derivada de una investigación en torno a diversas quejas presentadas por familiares de los PPL por la falta de atención médica y la calidad de los alimentos.
Por otra parte, el jueves 21 de enero, personal de la Comisión realizó un recorrido para brindar orientación a las PPL y revisar las condiciones en el Cereso de El Hongo.
Ese día, la CEDHBC abrió un expediente de investigación en atención a diversas quejas de personas privadas de la libertad y sus familiares registradas durante los últimos días, relacionadas con atención médica al interior del Cereso, así como un caso de problemas de salud derivados de las condiciones de los alimentos, informó el organismo defensor a ZETA.