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Corte Interamericana sentencia a México por irregularidades en el caso Digna Ochoa

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las graves fallas en el marco de la investigación por la muerte de Digna, ocurrida el 19 de octubre de 2001.
En su sentencia, la Corte Interamericana estableció que se deben efectuar diversas medidas de reparación, entre otras, continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar las circunstancias de la muerte de la activista y, sancionar a los responsables.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) exhortó al Estado mexicano a que cumpla íntegramente la sentencia.
También debe llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; realizar una campaña en favor del respeto a la labor de las y los defensores de derechos humanos en nuestro país.
En su momento, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó el Informe Especial sobre Irregularidades en la Averiguación Previa Iniciada por la Muerte de la Licenciada Digna Ochoa y Plácido, en julio de 2004. En el documento se destacó que las pruebas periciales no fueron realizadas bajo los estándares mínimos de confiabilidad que permitieran desechar ambigüedades y que abarcaran todos y cada uno de los vestigios encontrados en el lugar de los hechos.
Cabe mencionar que en 2021, la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana presentó un Amicus Curie como parte del acompañamiento para que la representación legal y los familiares de Digna Ochoa participaran en audiencia realizada por la Corte IDH, en la que se analizó el caso de la muerte de la defensora.
Para la CDHCM es de gran relevancia la sentencia de la Corte IDH porque impulsa mecanismos de reparación y acceso a la justicia para sus familiares y para la propia Digna, al resignificar su memoria.
Igualmente, dicha determinación evidencia la necesidad de generar de forma urgente un entorno de seguridad para todas las personas que ejercen la labor de defensa, garantía y promoción de los derechos humanos en México.
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