Vícam Switch, Sonora; 26 de septiembre de 2025.
El Gobierno de Sonora, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, reafirmó su compromiso con el Plan de Justicia Yaqui al celebrar una reunión de seguimiento con autoridades tradicionales y funcionarios federales. El encuentro, realizado en Vícam Switch, tuvo como objetivo central presentar los avances concretos y la coordinación lograda para dar respuesta a demandas históricas de la Nación Yaqui, enfocadas principalmente en los ejes de agua, tierra, salud, educación e infraestructura. Esta colaboración interinstitucional busca consolidar la restitución de derechos y la reparación histórica para el pueblo originario.
Durante la sesión de trabajo, se abordaron diversos puntos clave que reflejan el progreso en la implementación del Plan. Entre ellos destacó el informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre el Distrito de Riego 018, el Acueducto Yaqui y el proceso para la obtención del título de derecho de agua superficial, elementos fundamentales para garantizar la soberanía hídrica de la etnia. Asimismo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) dio seguimiento al próximo inicio del ciclo agrícola, mientras que la SICT analizó la situación del derecho de vía de la Autopista No. 15.
Un pilar crucial del Plan de Justicia es la mejora de los servicios sociales. En este ámbito, se resaltaron los avances en la colaboración entre el IMSS-Bienestar y la Universidad del Pueblo Yaqui, una alianza estratégica que potenciará la salud y la educación dentro de las comunidades. Esta sinergia busca asegurar que los beneficios de la inversión en infraestructura y programas lleguen de manera efectiva a los habitantes de los ocho pueblos yaquis.
En representación del gobernador Durazo, el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, subrayó que la ejecución del Plan de Justicia no es meramente una obligación administrativa, sino un acto de reivindicación histórica hacia las comunidades originarias. Insistió en que la administración estatal continuará fungiendo como un puente de diálogo, respeto y colaboración constante con las autoridades tradicionales de los ocho pueblos para asegurar que los acuerdos se traduzcan en resultados perdurables.
La reunión contó con la activa participación de las autoridades de los ocho pueblos yaquis: Vícam, Pótam, Tórim, Ráhum, Huirivis, Belem, Cócorit-Loma de Guamúchil y Loma de Bácum. También estuvieron presentes representantes de organismos clave como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Comisión Estatal del Agua (CEA), y otras dependencias federales y estatales, evidenciando el nivel de coordinación requerido para impulsar un proyecto de esta magnitud y trascendencia social.