CHIHUAHUA.- La sombra de un posible conflicto de interés y la urgencia por la rendición de cuentas en el Poder Judicial han detonado una solicitud formal en el Congreso del Estado. El diputado de Morena Pedro Torres ha exigido la comparecencia de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Marcela Herrera Sandoval, para que rinda un informe detallado y exhaustivo sobre la controvertida decisión que otorgó beneficios de semilibertad y prisión domiciliaria a tres personas sentenciadas por el grave delito de secuestro.
El Caso que Sacude la Confianza Ciudadana
El centro de la polémica es Édgar Hernán Escárcega Valenzuela, condenado a 52 años de prisión por secuestro, quien además es hermano de la magistrada Nancy Escárcega. Junto a él, sus coimputados Manuel Antonio Villalobos Cruz y Rafael Ramón Cruz Chávez también recibieron beneficios penitenciarios que el legislador considera deben ser aclarados públicamente.
Torres, aunque reconoció que la relación familiar no es automáticamente una irregularidad, subrayó que obliga al Poder Judicial a actuar con la “máxima transparencia para disipar dudas” y proteger la confianza ciudadana en la justicia. En esencia, la rendición de cuentas es ineludible cuando la justicia toca a figuras cercanas al poder.
Incumplimiento de Ley y Seguridad Ciudadana
La solicitud de comparecencia y de informe busca específicamente:
Situación Jurídica Detallada: El estatus actual de los tres sentenciados.
Fundamentos Legales: Detalle de los argumentos jurídicos del juez de control Juan Carlos Erives Fuentes para modificar las resoluciones.
Tiempo Efectivamente Cumplido: Confirmación del tiempo real que han estado en prisión.
El legislador puso el dedo en la llaga al citar información de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, señalando que Escárcega Valenzuela apenas ha cumplido cinco años de su segunda condena. Lo más grave, según Torres, es que “no existen estudios de riesgo vigentes que sustenten su semilibertad”.
“Este tipo de beneficios no pueden otorgarse sin observar estrictamente la ley ni sin tomar en cuenta el impacto en la seguridad de la sociedad”, sentenció Torres, haciendo énfasis en que la ley debe aplicarse con rigor, asegurando que la flexibilidad judicial no comprometa la seguridad pública. La decisión final sobre el exhorto a la magistrada Herrera Sandoval queda ahora en manos del Pleno del Congreso.