Clausuran de forma definitiva una megagranja porcícola en Yucatán por contaminación
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha impuesto una clausura total y definitiva a la granja porcícola Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, en el límite de Mérida. La decisión, que se da en respuesta a la demanda de justicia de los habitantes de la comunidad, fue tomada debido a las reiteradas descargas de aguas residuales sin control. Esta megagranja, que opera como aparcera de la empresa Kekén, había sido clausurada de manera temporal hace casi cinco meses por el mismo motivo.
La titular de Profepa, Mariana Boy Tamborrell, utilizó sus redes sociales para dar a conocer la resolución. “La operación de esta megagranja sin permiso de descarga de aguas infringe la ley y representa una amenaza permanente de contaminación para el suelo, los cuerpos de agua, la atmósfera y la salud humana de la comunidad que colinda con esta instalación”, señaló la funcionaria. La granja, que alberga a más de 50 mil cerdos, ha sido señalada como una de las causas principales de la contaminación de los mantos freáticos en la zona.
Esta acción de la Profepa se produce después de que, el pasado 2 de septiembre, organizaciones de más de 20 comunidades yucatecas de municipios como Cantamayec, Chocholá, e Izamal, presentaran una denuncia popular y ciudadana contra las granjas porcícolas. En su petición, exigieron a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones legales y la puesta en marcha de acciones para la reparación del daño ambiental, así como una investigación sobre la posible responsabilidad penal de las empresas.
Los habitantes afectados manifestaron que, a pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió un dictamen en abril de 2023 reconociendo la existencia de numerosas granjas porcícolas ilegales, no se habían tomado medidas efectivas hasta ahora. El dictamen de Semarnat reveló que estas granjas operaban con sistemas nulos o insuficientes para el tratamiento de aguas residuales.
“Hoy la Profepa finalmente hace justicia a estas comunidades con esta clausura definitiva”, expresó Boy Tamborrell. La funcionaria aseguró que la dependencia continuará trabajando para “atender y defender los derechos ambientales de la gente”, lo que sugiere que podría haber más acciones de este tipo en el futuro contra granjas que operen de forma irregular y contaminen los recursos naturales de la región.
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