Jared Laureles, Jessica Xantomila y Alexia Villaseñor
La minera Camino Rojo en Zacatecas, acusada de utilizar al crimen organizado para amedrentar a sus trabajadores e intervenir en la vida sindical, será sujeta a una segunda investigación bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, ahora a petición del gobierno de Canadá.
Esta nueva indagatoria responde a una denuncia que presentó en noviembre de 2024 el sindicato United Steelworkers (USW) –que representa a 1.2 millones de trabajadores acereros de Estados Unidos y Canadá– y sobre la cual este último país apenas se pronunció hace una semana.
La petición de que se investigue el caso ya fue notificada por Canadá al gobierno mexicano y éste tiene 10 días para decidir si acepta darle entrada; en caso de que así sea, cuenta con 45 días para investigar las denuncias y presentar sus conclusiones, incluso un plan de remediación.
Como ha informado puntualmente La Jornada, el actuar de la canadiense Orla Mining quedó acreditado a raíz de la primera denuncia que interpuso el Sindicato Nacional Minero también en junio de 2024 ante Estados Unidos, que derivó en un fallo en marzo pasado, el cual confirmó que sí había evidencia de que la empresa actuó con “aquiescencia” ante la violencia y amenazas de muerte de grupos criminales contra sus trabajadores para obligarlos a afiliarse a un gremio de “protección” patronal de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes.
Presiones de afectados
Tras esta resolución del Panel de expertos del T-MEC, que por primera vez documentó una situación de este tipo, y ante las presiones de las organizaciones sindicales para que Canadá se pronunciara sobre la minera, finalmente el gobierno de este país solicitó al gobierno mexicano que realice las indagatorias.
“Se informa que el 28 de abril de 2026, de conformidad con el Artículo 31 – B.4.2 del Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México, Canadá presentó una solicitud para que México revise si a los trabajadores de Minera Camino Rojo, ubicada en San Tiburcio, Zacatecas, México, se les están negando sus derechos a la libertad de asociación y a la negociación colectiva”, indicó el gobierno canadiense al activar por primera vez el MLRR.
El Sindicato Nacional Minero ha advertido que esta práctica, de usar a grupos criminales para intervenir en la vida sindical, está siendo replicada en al menos tres compañías de capital canadiense en el país, para socavar los derechos laborales de los trabajadores mexicanos.
Sobre las reiteradas denuncias de los mineros de la sección 335 de que la empresa Orla Mining, que opera en Zacatecas la mina de oro y plata, utilizó al crimen organizado para violentar sus derechos laborales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha enfocado en señalar que son asuntos que no competen al MLRR, pues, a su juicio, éste sólo debe abordar temas sobre la libertad sindical y la negociación colectiva.