En pleno ejercicio de su gobierno, a mediados de 2020 iniciaron las obras de remodelación del inmueble que alberga PSN (Primer Sistema de Noticias), propiedad del gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Las instalaciones se encuentran en Avenida General Ferreira número 3250, Colonia Madero Sur, de Tijuana; los trabajos de obra consistieron en la edificación de cuatro nuevas cabinas y estudios, tanto para radio como para televisión.
Los trabajos pesados duraron aproximadamente un año, y actualmente -de acuerdo con el director del medio de comunicación, Arturo Salinas- se perfeccionan detalles estéticos y la instalación del equipamiento.
Un posible conflicto de intereses se presenta cuando la empresa propiedad del gobernador de Baja California contrató para la ampliación del inmueble a una constructora que ha sido beneficiada por el Poder Ejecutivo estatal actual, así como durante la administración de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, con millonarios contratos de obra pública.
El conflicto de interés, como se le llama a este tipo de operaciones, se generó con Constructora Makro SA de CV, a la cual se adjudicaron de manera directa al menos dos cuantiosos proyectos de infraestructura durante 2020 por parte del gobierno estatal, al mismo tiempo que fue contratada para la remodelación de PSN, propiedad de Bonilla.
De acuerdo con especialistas en materia de combate a la corrupción consultados por ZETA, el evidente conflicto de interés en el que incurrió el gobernador del Estado pone entre dicho la supuesta lucha anticorrupción que tanto él, como el Presidente de la República, Andrés Manuel Lopez Obrador, han encabezado.
MILLONARIAS ADJUDICACIONES DE BONILLA A MAKRO
Constructora Makro ya había sido señalada de ser beneficiada con obras públicas millonarias, adjudicadas de manera directa por el gobierno de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, sin embargo, no fue suficiente para que ahora Jaime Bonilla le otorgara jugosos contratos.
Una de las primeras obras adjudicadas de manera directa, fue la prestación de servicios para la limpieza y desazolve de la canalización del Río Tijuana y Arroyo Alamar, donde también se contrató a otras dos empresas: Proyectos y Desarrollos Savar, SA de CV (Prodesa) y MJ Industrial, SA de CV.
El monto total del contrato adjudicado directamente por las tres empresas, fue de 99 millones 309 mil 875.95 pesos. De acuerdo con el contrato DAD-CONFED-CESPT-02B-20, a Makro se le pagaron 29 millones 793 mil 223.63 pesos por concepto de obras de limpieza.
Pese a tener un negro historial de obras mal ejecutadas, entregadas fuera de tiempo y de mala calidad, la constructora representada por Marco Antonio Santacruz Cuevas fue contratada por el Gobierno del Estado y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
ZETA entrevistó en su oportunidad al titular de la Secretaría de Manejo, Protección y Saneamiento del Agua (Seproa), Salomón Faz Apodaca, respecto a la razón de contratar a una empresa irregular. Respondió que la asignación del proyecto no fue basada en si las empresas tienen un historial de favorecimientos por gobiernos pasados, ya que no está impedida para operar, además de que cuenta con la capacidad para llevarlo a cabo.
“En este caso, necesitábamos empresas que tuvieran suficiente maquinaria, camiones de volteo, porque de alguna manera, es un servicio, no va a ser una obra. Y las tres que van a participar, no tienen ningún impedimento legal para hacerlo y no conozco su historial”, dijo.
Otro contrato adjudicado de manera directa por el gobierno de Bonilla a Makro, fue para la primera etapa de construcción del sistema de alcantarillado sanitario costero en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, mejor conocido como Colector Costero.
El costo de la obra fue de 159 millones 361 mil 368.71 pesos. En un inicio se pagó el 30% del importe total del contrato, del cual el contratista utilizará el 20% para gastos de inicio de obra y 10% para la compra de material; el resto se pagaría de forma parcial cada mes.
De acuerdo con el contrato de obra pública 5D-NP-073-2020, al que ZETA tuvo acceso a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la obra tenía un plazo de 180 días, iniciando el 12 de noviembre de 2020 y culminaría el 10 de mayo de 2021; sin embargo, no cumplió el plazo y aun así se le pagó a la empresa lo prometido.
Sin embargo, en enero del año en curso, Salomón Faz Apodaca aseguró que la obra estaría culminada para el 30 de abril para así frenar las descargas de aguas residuales al mar. Pero el colector continuaría sin terminarse para esa fecha.
El 20 de septiembre, el subdirector técnico de la CESPT, Eliel Alejandro Vargas Pulido, declaró a medios de comunicación que el Colector Costero apenas presentaba un avance del 85%, cuando se suponía que estaría terminado desde mayo, de acuerdo con el contrato firmado por el director general de dependencia, Sergio Antonio Rosete Weben.
Finalmente, Vargas Pulido declaró el jueves 7 de octubre que actualmente hay un avance de la obra del Colector Costero del 65% en sus cuatro etapas, una de ellas adjudicada de manera directa a Makro.
De nuevo el gobernador Jaime Bonilla utilizó a la CESPT para la adjudicación de este contrato millonario a la empresa representada por Marco Antonio Santacruz Cuevas. Cabe recordar que el titular del Ejecutivo estatal despachó desde las oficinas de este organismo en la ciudad de Tijuana por un año y medio.
LAS ADJUDICACIONES DE “KIKO” A MAKRO
Durante la administración del gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, Constructora Makro recibió cuatro contratos para obras públicas que suman 808 millones de pesos. Entre estos, el acueducto Tijuana-La Misión-Ensenada por 133 millones de pesos en 2014; la primera etapa del Paso Express Aeropuerto-Bellas Artes en Tijuana por 75 millones de pesos en 2015 y del Nodo Exprés 20 de Noviembre por 88 millones de pesos en 2015; y la red de tubería de drenaje pluvial en Mexicali.
Tanto las obras del Paso Express Aeropuerto-Bellas Artes como el Nodo Exprés 20 de Noviembre, iniciaron en febrero de 2016 y ambas presentaron rezagos en sus tiempos de entrega. Aunque la primera ya se encuentra en funcionamiento al finalizar su gestión, el segundo proyecto no.
“Kiko” Vega dio el banderazo de inicio del Nodo 20 de Noviembre el 17 de febrero de 2016. Anunció que la obra representaba una inversión de 140 millones de pesos y concluiría en agosto de ese año.
De este monto, Constructora Makro obtuvo el contrato para construir la primera etapa del proyecto por 88 millones 992 mil pesos. No obstante, los costos de rezago hicieron que tuviera un costo mayor de casi el doble del costo inicial por el que se había contratado. La primera fase concluyó en junio de 2017, nueve meses después de lo estipulado.
Los trabajos entregados por Makro presentaban grietas, desvestidos de concreto y ladeados, así como 21 pilotes inclinados y desprovistos de recubrimiento de concreto, pese a no existir tránsito vehicular, reportó ZETA en octubre de 2017.
OTRO ANTECEDENTE NEGRO DE LA CONSTRUCTORA FAVORITA DE BONILLA, “KIKO” Y RAMOS
En octubre de 2014, Protección Civil clausuró de manera parcial el estacionamiento subterráneo del Ayuntamiento de Tijuana por considerarlo inhabilitado para su operación total.
Fue construido durante la administración del ex candidato a alcalde de Tijuana, Jorge Ramos, por Administradora de Obras y Concesiones, empresa constituida en 2006 y conformada por Constructora Makro, Urbanización y Riego de Baja California (Urbaca), Futura Industrial e Ingeniería de Bombas y Controles.
Tres años después de su apertura, el Ayuntamiento de Tijuana detectó fallas estructurales visibles en la obra y, cuando la Dirección de Administración Urbana (DUA) tuvo conocimiento de que trabajadores de la empresa intentaron realizar reparaciones sin haber presentado un programa de reparaciones a la dependencia, los detuvo.
Los daños estructurales del estacionamiento impiden la utilización de la Plaza Independencia para eventos masivos, debido al riesgo de colapso; este espacio ubicado a espaldas del edificio del Ayuntamiento, en la explanada, fue construido también por Makro.
BAJACALIFORNIANOS ESTARÍAN PAGANDO REMODELACIÓN DE PSN: MCCI
De acuerdo con Ricardo Alvarado, integrante de la Unidad de Investigación Aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), los contratos entre el gobernador y la empresa tanto en el ámbito privado cómo en el público, son claras señales de un conflicto de interés.
Explicó que existe el riesgo de que detrás de esos contratos se haya beneficiado de manera irregular a alguna de las dos partes, por ejemplo, que el costo de la obra de remodelación de la empresa de medios de comunicación de Jaime Bonilla, se haya traspasado al costo de las obras millonarias adjudicadas de manera directa a Makro.
Alvarado comentó a ZETA que lamentablemente no hay leyes lo suficientemente robustas que puedan regular este tipo de conflictos de interés, para evitar que se incurra en actos de corrupción, ya que, aunque sea legal la acción, representa una irregularidad que afecta económicamente a la población.
“Hay que actualizar el marco legal para que se persigan estas prácticas. La mejor manera de atender los conflictos de intereses, es prevenirlos. Se podría poner en una Ley que un personaje público que toma decisiones presupuestales o de adquisición para el servicio público, no pueda tener relaciones personales o privadas con aquellas personas que participan en contratos públicos”, concluyó.
NI BONILLA NI MAKRO QUISIERON RESPONDER A ZETA
Sobre el conflicto de interés en el que se veía envuelto el gobernador y dueño de medios de comunicación, ZETA buscó a Jaime Bonilla en sus nuevas oficinas sobre la Carretera Libre Tijuana-Tecate. El mandatario se negó a atender las preguntas, argumentando que no respondería a ningún cuestionamiento de este medio Semanario.
También se buscó a la constructora, a través de su apoderado legal Antonio Santacruz Cuevas, sin embargo, también se negaron a responder los pormenores y costo de la obra realizada en las instalaciones de PSN, propiedad del gobernador del Estado en funciones.