La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ha logrado la vinculación a proceso del exservidor público Raúl Navarro por su presunta participación en los delitos de peculado y asociación delictuosa. Navarro, quien fungió como Secretario de Hacienda durante la administración de la exgobernadora Claudia Pavlovich, enfrenta serias acusaciones relacionadas con la celebración de múltiples contratos de prestación de servicios profesionales entre 2017 y 2020. Esta decisión judicial, tomada por un Juez de Control en Ciudad Obregón, confirma que los datos de prueba presentados por la FGJES fueron suficientes para determinar la probable responsabilidad del exfuncionario.
La investigación detalla que las irregularidades giran en torno a contratos firmados para supuestas asesorías en procedimientos administrativos. Estos hechos delictivos se habrían cometido a lo largo del sexenio pasado. Es relevante mencionar que el caso de Navarro no es aislado, pues la revista Proceso había revelado previamente que tanto él como Ernesto Castro Bustamante, quien fue director general de Administración de Hacienda, estaban bajo la lupa de las autoridades. De hecho, mientras Castro Bustamante fue ingresado en prisión preventiva en Hermosillo, el exsecretario Navarro optó por huir a Estados Unidos el 12 de noviembre de 2024, cruzando por la garita de Nogales–Arizona.
A pesar de que el proceso ha iniciado formalmente con la vinculación, la FGJES ha señalado que las investigaciones continúan activas. El Juez de Control ha fijado un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el cual la Fiscalía estatal se enfocará en integrar todos los elementos probatorios necesarios. La dependencia se ha comprometido a hacer pública la información adicional conforme lo permitan los tiempos procesales, manteniendo la reserva de ley en esta etapa crucial.
Raúl Navarro Gallegos, de 76 años, es una figura clave en este escándalo. Su perfil público carece de detalles precisos sobre sus grados académicos en portales oficiales, aunque se confirma que cuenta con estudios universitarios. Más allá de su estado civil como casado, la identidad de su familia permanece en la esfera privada. Este proceso judicial marca un precedente significativo en la lucha contra la corrupción en Sonora, poniendo bajo escrutinio las acciones de alto nivel durante la pasada administración estatal.