El Gobierno de Estados Unidos calcula que cerca de medio millón de personas que viven en el país desde hace más de 10 años podrán beneficiarse de la medida
El presidente Joe Biden ha anunciado formalmente este martes nuevas medidas que permitirán regularizar la situación de migrantes irregulares casados con ciudadanos estadounidenses desde hace más de 10 años, en lo que representa, según el Gobierno de EE UU, el cambio de mayor alcance en el sistema migratorio en más de una década. “Los pasos que doy hoy cuentan con el apoyo abrumador del pueblo estadounidense”, ha declarado el también candidato demócrata en las presidenciales de noviembre, entre los aplausos de los más de 200 invitados en un acto en la sala Este de la Casa Blanca para conmemorar el 12º aniversario del programa conocido como DACA, que protege de la deportación a cientos de miles de migrantes llegados de niños a este país.
Con las nuevas medidas, el presidente estadounidense busca mostrar un drástico contraste con su rival electoral y expresidente, Donald Trump, que ha prometido deportaciones masivas de migrantes en situación irregular si regresa a la Casa Blanca, y que ha descrito a los migrantes como “veneno para la sangre de este país”. Durante el mandato del republicano, las medidas que emprendió provocaron la separación de familias de migrantes irregulares.
“Cuando (Trump) fue presidente”, dijo Biden, “separó familias y niños n la frontra. Y ahora propone arrancar a esposos e hijos de sus familias, hogares y comunidades y colocarlos en campos de detención. Son las cosas que dice; parece mentira que lo haya dicho, pero las dice de verdad en voz alta”. Las medidas anunciadas este martes, continuaba, “muestran un camino mejor. No separan a las familias”, ha sostenido el presidente estadounidense, arropado por activistas y legisladores tras el atril desde el que hablaba. El cambio que introduce, ha asegurado, “es de sentido común”.
Según ha anunciado la Casa Blanca, cerca de medio millón de personas en esa situación podrían beneficiarse de los cambios, que se espera que entren en vigor a finales del verano. Los cambios también facilitarán que personas sin permisos, incluidos los jóvenes inmigrantes en situación irregular conocidos como dreamers (soñadores, que llegaron como menores), que se hayan graduado en una universidad estadounidense y cuenten con una oferta de empleo en su campo de estudios puedan tramitar un visado de trabajo con mayor rapidez.
La regularización también beneficiará a los hijos menores de 21 años del cónyuge en situación irregular que también hubiesen entrado sin papeles en el país, si cumplen una serie de requisitos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) considera que unos 50.000 jóvenes podrían acogerse a las nuevas disposiciones.
En general, los extranjeros casados con estadounidenses tienen derecho a un permiso de residencia, la célebre green card. Pero si han entrado de manera irregular en el país, deben salir y esperar hasta una década o más para presentar su solicitud en un consulado estadounidense. Algo que, en la práctica, hacía que muchos en esa situación descartaran regularizarse. Las nuevas medidas les permiten solicitar una autorización excepcional, conocida en inglés como “parole in place”, que les permitirá procesar sus papeles sin necesidad de salir de Estados Unidos. Si su petición es aceptada, estarán protegidos ante una deportación y recibirán un permiso de trabajo.
“Este nuevo proceso permitirá a ciertos cónyuges y niños solicitar un permiso de residencia legal ―un estatus al que ya tienen derecho― sin tener que salir del país”, declaraban dos altos cargos estadounidenses en una conversación telefónica con periodistas para detallar la reforma. “Estas acciones promoverán la unidad familiar y fortalecerán nuestra economía, aportando un beneficio significativo al país y ayudando a los ciudadanos estadounidenses y a sus familias a permanecer juntos”.
Para poder acogerse a la autorización excepcional, que el DHS estudiará caso por caso, los inmigrantes tendrán que estar legalmente casados con un ciudadano o ciudadana estadounidense desde al menos el 17 de junio de 2024, esto es, un día antes del anuncio oficial de las medidas. No deberán representar una amenaza a la seguridad nacional del país ―en ese caso, puntualizan los altos cargos, se les abriría una investigación con vistas a su posible prisión o expulsión― y llevar viviendo en Estados Unidos al menos diez años.
El Departamento de Seguridad Nacional calcula que los inmigrantes que pueden acogerse a la nueva normativa llevan residiendo en el país una media de 23 años. También considera que la mayoría de los que se beneficiarán proceden de México o
Centroamérica, los lugares de origen más comunes de los extranjeros que entraron en Estados Unidos hace más de una década.
El requisito de la residencia de al menos una década antes del 17 de junio se observará de manera estricta: aquellos que la cumplan en fechas posteriores no podrán acogerse a la autorización excepcional. Los funcionarios del DHS también estudiarán la autenticidad del vínculo matrimonial, que tendrá que ser “legalmente válido”, según subrayaban los altos cargos.
Aquellos a los que el DHS conceda la autorización tendrán un plazo de tres años para tramitar su residencia permanente. Mientras tanto, disfrutarán de un permiso de trabajo y estarán protegidos contra la posibilidad de una expulsión. Los detalles exactos del proceso, incluido su coste, y cómo acogerse a él, se publicarán en un aviso del Registro Federal, el boletín oficial de la Administración, “para finales de verano”.
La Casa Blanca ha descrito los cambios como los “más significativos” desde que en 2012 la Administración de Barack Obama aprobó el programa DACA (“Acción Diferida para los Llegados en la Infancia”) de medidas de alivio migratorio para decenas de miles de jóvenes inmigrantes que llegaron de manera irregular a Estados Unidos de niños, los llamados soñadores. Precisamente, el presidente Joe Biden efectuará el anuncio oficial de estas medidas migratorias durante una ceremonia para
celebrar el duodécimo aniversario de DACA, que ha otorgado protección contra la deportación y permisos de trabajo a cerca de 800.000 jóvenes durante estos años pese a numerosos obstáculos de jueces y legisladores republicanos.
Pero los funcionarios de la Casa Blanca reconocen que la medida supone un simple parche en un sistema migratorio que necesita una reforma profunda para resolver todos los problemas que afronta. El Congreso estadounidense, que este año ha rechazado en dos ocasiones distintas una propuesta de reforma bipartidista, debe tomar medidas decisivas, insisten. “Al final, solo el Congreso puede proporcionar una estabilidad permanente a los soñadores y a sus familias”, declaraban.
Las medidas que oficializará Biden incluyen también pasos para permitir a los beneficiarios de DACA, entre otros, a tramitar más rápidamente el visado de trabajo si tienen un título superior de una Universidad estadounidense y han recibido una oferta de empleo de alta cualificación.
Las nuevas disposiciones suponen un gesto hacia la comunidad latina apenas dos semanas después de que Biden proclamara, también en la Casa Blanca, la firma de una orden ejecutiva que limita el derecho de asilo y permite cerrar la frontera con México si los cruces ilegales detectados superan los 2.500 diarios durante una semana, una cifra muy por debajo de la que venía detectando la Patrulla Fronteriza.Esa decisión recibió duras críticas de las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y del ala progresista del Partido Demócrata, que recordaron al presidente que había hecho campaña con la promesa de respetar el derecho de asilo si resultaba elegido en 2020. Al menos 46 organizaciones han firmado una carta de repulsa a la medida y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha anunciado que llevará la norma a los tribunales. Al proclamarla, Biden había pedido “paciencia” a sus críticos, apuntando que llegarían otras normas más favorables a la inmigración. ”Ahora mismo, la buena disposición de los estadounidenses [hacia los inmigrantes] se está agotando. No hacer nada no es una opción”, reconocía.
Los cambios que se formalizan este martes benefician a las familias de estatus mixto, con una parte de los miembros en situación legal en Estados Unidos, y parte no. Son un colectivo que durante años se había lamentado de que había quedado en una especie de caja negra de olvido, sin poder acogerse a otras medidas para regularizar su situación.
Las nuevas disposiciones legales son también de las más fáciles para la Administración de Biden. La opinión pública es generalmente favorable a que los cónyuges en situación irregular de ciudadanos estadounidenses puedan normalizar su estatus. Es una opinión positiva que contrasta con un endurecimiento generalizado de los puntos de vista de los votantes sobre la inmigración ilegal; combatirla es una de las grandes prioridades de cara a las elecciones de noviembre que declaran los encuestados una y otra vez en los sondeos.
Tomado de El Pais