El exadministrador del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Miguel Enrique Reyes Rosado, presentó el mes pasado ante el Órgano Interno de Control (OIC) una queja en contra de magistrados del Tribunal, por lo que calificó de una “persecución política, acoso judicial, abuso de autoridad, daño moral y daño patrimonial”, y como respuesta de esa autoridad administrativa fue vincularlo a proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito por un monto de 10 millones de pesos.
Durante los últimos ocho años, quien fuera primero director general de Programación y después secretario operativo de Administración del TFJA, ha enfrentado varias denuncias y acosos orquestados desde la presidencia de dicho Tribunal de Justicia, actualmente bajo el cargo de Rafael Anzures, quien como último recurso para amedrentar y callar a Miguel Reyes, presentó una acusación penal por enriquecimiento ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, con el propósito de evitar que el exadministrador del Tribunal hable de la corrupción que asegura existe en ese órgano de justicia.
El malestar del magistrado presidente Anzures es porque quien se desempeñó como administrador del Tribunal de 2008 a 2014, interpuso hace unos días una queja ante el OIC por lo que considera violaciones a sus derechos humanos, difamación por acusaciones sin sustento, persecución y amenazas para impedirle que denuncie los abusos de magistrados de la Sala Superior, quienes –asegura– disponían de recursos públicos para beneficio propio.
“Durante los últimos ocho años me ha tocado enfrentar en tribunales acosos y denuncias sin fundamento; la última, en donde me vinculan a proceso por enriquecimiento ilícito, ocurrió a principios de octubre y tengo que probar depósitos en mi cuenta bancaria porque el juez tiene duda de 3 millones de pesos, pero tengo pruebas documentales de donde proviene ese dinero, y no son otra cosa que facturas y fichas de depósito del mismo Tribunal, en donde se confirma que me pagaban todo el dinero que salía de mis tarjetas de crédito y de mi chequera para liquidar los caprichos de comidas, reuniones privadas y otros gastos de los mismos magistrados, quienes me pedían resolver al momento pagos de diversos servicios que me pedían necesitaban. Así que si hay alguien a quien investigar es a varios magistrados de la Sala Superior, algunos se desempeñaron como presidentes del Tribunal, lo que significa que de continuar el juicio en mi contra se va a abrir la caja de Pandora que hasta ahora nadie se ha atrevido a tocar. Me voy a defender y voy a destapar los abusos y excesos de los magistrados, incluido su actual presidente Anzures”, amenaza el exadministrador Miguel Reyes Rosado.
En la historia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa nunca se han ventilado públicamente problemas internos de corrupción, desvío de recursos públicos, juicios amañados, presiones por abrir espacios en el Tribunal y extorsiones y amenazas para obligar a renunciar a magistrados, así como nuevos nombramientos a petición de la Presidencia del TFJA.
En la queja de Reyes interpuesta ante el OIC del TFJA (cuya copia está en poder de Contralínea), y en el proceso judicial por enriquecimiento ilícito, se prevé salgan a luz problemas que hasta ahora han estado ocultos.
El exfuncionario del Tribunal señala: “me acusaron de malos manejos, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y otras cuestiones administrativas en mi desempeño como oficial mayor, pero después de ocho años de sufrir y de no poder trabajar porque estaba inhabilitado y empleaba mucho tiempo en mi defensa legal, al final fui exonerado de todos los procesos que abrieron en mi contra y demostré que el Tribunal actuó dolosamente, por lo que ahora es justo que me indemnicen con 17 millones de pesos por el daño que me causaron”.
El exsecretario operativo de Administración duda de la justicia y dice que su queja presentada ante el OIT es el primer recurso que hará, porque está consciente de que el Tribunal se convierte en juez y parte. Ello, porque el contralor interno es nombrado por el presidente del TFJA, Rafael Anzures, y son ellos quienes determinarán si procede la demanda de indemnización.
Fechada el 30 de junio pasado, el Poder Judicial de la Federación le informa al exadministrador del Tribunal, Miguel Reyes, su vinculación a proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito, para lo cual lo cita para iniciar la audiencia que presidirá el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia el 5 de septiembre de 2022.
En la secuencia procesal en contra de Reyes también destaca: un procedimiento de responsabilidades administrativas CI/DQDR/PA17/2015; el recurso de revocación CI/CGQDRRP/RR-03/2016; juicio de nulidad 884/17-17-04-9, acumulado al expediente 777/17-17-108; recurso de revisión fiscal 100/2020 en el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
En la reclamación que Miguel Reyes presentó ante el OIC y que está contenida en 16 páginas, éste expone que resulta posible demostrar el actuar irregular del Tribunal Federal de Justica Administrativa, el cual a través del Órgano Interno de Control llevó a cabo ilegales procedimientos y sanciones en su contra, lo que le generó un grave daño moral en su nombre, reputación y prestigio, además del daño en sus derechos.
Sostiene que en el análisis de los procedimientos en su contra es posible apreciar el actuar irregular del Estado a través de servidores públicos, lo que motivó que por años tuviera que demostrar su inocencia y su correcta actuación dentro del Tribunal, además de ser privado de oportunidades laborales, además sufrir afectaciones a su salud y el irreversible daño moral que esto le generó profesionalmente.
“Nunca existió, dice en el escrito de queja, una causal que hubiera demostrado mi indebida actuación como servidor público del Tribunal y, pese a ello, fui sancionado en varias ocasiones y me vi en la necesidad de defenderme legalmente de esas injusticias. Y pese a no existir elementos para iniciar procedimientos en mi contra, lo hicieron y además fui injusta e ilegalmente sancionado, lo que me obligó a recurrir a medios legales de defensa para demostrar mi correcta actuación”, dice Reyes.
No obstante haber logrado la nulidad de las sanciones, también sostiene que es claro que el actuar del OIC en el Tribunal fue “ilegal y tendencioso” al sancionarlo sin elementos, lo que generó y afectó su buen nombre y reputación e impidió que lograra ascensos laborales, situación que se tradujo en problemas económico, anímico y de afectación moral, razón por la cual ese Tribunal deberá responder por su incorrecta actuación.
Expone en su reclamación: “mi trayectoria profesional de más de 30 años ocupando puestos de alta responsabilidad, como en el caso del Tribunal en los puestos de director general de Programación y Presupuesto y de secretario Operativo de Administración, demostrando en dichos cargos que tenía la capacidad profesional y moral, así como la experiencia para ocupar puestos de esa envergadura y que como consecuencia del actuar del OIC me impidieron continuar con mi trayectoria profesional”.
El exfuncionario de ese órgano autónomo de justicia considera tener derecho a una indemnización, por lo que expone que se proceda a la determinación de los daños y perjuicios consistentes en lo siguiente:
Por la cantidad que resulte procedente a la afectación moral sufrida, el desprestigio profesional y la reputación por haber sido sancionado injustamente, pues hasta la fecha debo dar explicaciones y demostrar que se anularon las sanciones por la cantidad de 5 millones de pesos.El daño sufrido en su persona y buen nombre profesional que forjó durante su trayecto profesional de más de 30 años, que puede constatarse en su currículum vitae y las pruebas anexas a la demanda, no es fácilmente cuantificable en dinero, por lo que se estima como mínimo la base de cálculo que considera el ultimo sueldo devengado en el entonces Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, correspondiente a 153 mil 483.34 pesos multiplicado por el tiempo que transcurrió desde el inicio del procedimiento en su contra con fecha del 24 de julio de 2015 y su conclusión el 10 de junio de 2021, al transcurrir un total de 70 meses y 7 días que suman 10 millones 830 mil 807 pesos.
Perjuicios por la cantidad de 2 millones de pesos, los cuales se cuantifican conforme a la privación sufrida por el suscrito de toda ganancia licita a la que tenía derecho y que se vio interrumpida en asensos laborales o nuevos proyectos por virtud de las indebidas sanciones impuestas al firmante.