La Suprema Corte de Justicia discutirá el 10 de marzo varios proyectos que establecen, en definitiva, que 22 funcionarios federales y locales son culpables, por negligencia, de la muerte de 49 niños y de 38 más durante el incendio de la Guardería ABC, en junio de 2009.
Sin embargo, de ser aprobados los proyectos, ordenará a un tribunal federal de Hermosillo fijar nuevas penas de prisión, que serán menores a los entre 14 y 29 años que dictó en 2017.
Fuentes de la Corte estimaron que las nuevas penas excederán de cuatro años, y por lo tanto los sentenciados -que han estado libres durante todo el proceso- no tendrán derecho a sustitutivos de la prisión, y tendrán que internarse voluntariamente o se ordenará su reaprehensión.
La primera Sala de la Corte, que atrajo el caso ABC en 2018, revisará tres proyectos del ministro Alfredo Gutiérrez, los cuales fijarán los criterios aplicables a todos los demás.
Dos son amparos de Antonio Salido Suárez, secretario del Consejo de Administración de la guardería, y Martín Lugo Portillo, ex director de Bomberos de Hermosillo, ambos condenados a 28 años y 11 meses de prisión por el Tercer Tribunal Unitario en Sonora.
El otro es un amparo de padres de las víctimas, que impugnaron la absolución de tres supervisoras de Guarderías del IMSS, quienes serían declaradas culpables. Con ello, el total de condenados pasaría de 19 a 22.
En cuanto a los acusados, Gutiérrez propone confirmar que son responsables de homicidio y lesiones culposas, es decir, involuntarios, por la cadena de negligencias que provocó el incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal, contigua a la guardería.
Pero el ministro considera que el tribunal unitario de Sonora violó el articulo 14 de la Constitución en perjuicio de los acusados, ya que, al calcular la pena de cárcel, no aplicó el artículo 64 del Código Penal Federal (CPF), que regula el “concurso ideal” de delitos, argumentando que, de hacerlo, la pena sería muy baja e iría contra del interés superior de los menores.
Esto llevó al tribunal a multiplicar la pena que fijó para cada delito por cada una de las 92 víctimas -incluidos cinco adultos lesionados- lo que, según el proyecto, fue ilegal, y, de ser aprobado, llevará a reducciones sustanciales de las condenas.
Cabe aclarar que, por tratarse de delitos culposos, no se pueden imponer las penas que el CPF preveía para homicidio simple doloso en 2009, de 12 a 24 años de cárcel, sino sólo hasta la cuarta parte, misma situación que aplica a las lesiones.