La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), que preside Napoleón Gómez Urrutia, la admisibilidad de la queja presentada “en contra de los atropellos a los derechos laborales de los trabajadores de Cananea, por parte de Grupo México, que derivaron que la huelga -que iniciaron en 2007- se declarara inexistente”.
La organización sindical destacó que “este es el primer precedente sindical en el país ante la CIDH contra la corrupción de los gobiernos neoliberales y Grupo México” y celebró “que ahora podrá intervenir el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien garantizará la justicia social”.
En un comunicado, informó que la Comisión declaró admisibles los derechos reclamados por el sindicato y que había presentado ante la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), como el de la libertad de garantías judiciales, de libertad de asociación y de los derechos sindicales, entre otros, pero que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “se negó a reconocer y argumentó que no se había cumplido con el proceso interno antes de recurrir a las instancias internacionales”.
El SNTMMSSRM explicó que recurrió a la CIDH “cuando en México se cerraron las puertas de la justicia a los mineros de Cananea, que iniciaron la huelga el 30 de julio de 2007, la cual fue declarada inexistente en 2009, por lo que la empresa de Germán Larrea recurrió al recurso ilegal de pedir la terminación de las relaciones de trabajo y del contrato colectivo, para poner fin” a ésta “por causas de fuerza mayor”.
Señaló “que Grupo México tuvo la complicidad de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que su abogado Fernando Gómez Mont, fungió como secretario de Gobernación de 2008 a 2010”.
Agregó que derivado de la ilegal maniobra de la empresa, se despidió a mil 200 mineros, pero 828 se negaron a recibir las miserias de la indemnización, por lo que decidieron recurrir a la CIDH. El 11 de julio de 2011, las autoridades resolvieron en definitiva la improcedencia de la huelga de Cananea, dejando en la calle a los mineros y sin servicios de salud y médicos a ellos y sus familias”.
Dos semanas después, continuó, “por arte de magia desaparecieron ‘las causas de fuerza mayor’ y la mina fue reabierta, con un sindicato de la CTM y con un contrato colectivo de protección patronal, que trajo a trabajadores del sur del país, toda vez que Larrea prohibió contratar a sonorenses”.