En 2014, una mina de Grupo México derramó 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora. 12 años después, sus efectos siguen presentes en la vida cotidiana de las comunidades.
Aranza Bustamante
Cuando era niña, María Juana Peralta Fuentes pasaba buena parte de las tardes junto al río Sonora. Bañarse, caminar por la orilla y comer algo ahí eran actividades habituales en San Pablo de Aconchi, la comunidad donde ha vivido toda su vida. Años después decidió llevar a sus hijos. “Íbamos y cortábamos berros y hacíamos una ensalada bien rica”, recuerda. “Ahora ya no”.
La tarde del 6 de agosto de 2014, una persona llegó desde Sinoquipe para advertir a los habitantes que había ocurrido un derrame y que cerrarían los pozos. Les dijo que almacenaran tanta agua como pudieran en cubetas y otros recipientes. Nadie sabía cuánto duraría la emergencia ni de dónde se abastecerían después.
Ese día, alrededor de 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado salieron de las instalaciones de Buenavista del Cobre, una mina operada por una filial de Grupo México en Cananea. El líquido llegó primero al río Bacanuchi y después al río Sonora. Afectó a ocho municipios y a una población de más de 22,000 personas.
En 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) atribuyó el desastre a fallas en el diseño hidrológico del sistema de almacenamiento de la mina. La dependencia sostuvo que las lluvias registradas en la zona no explicaban el derrame, como señaló al principio la empresa.
Vista de las aguas del río Sonora, donde una mina de cobre derramó 40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico, contaminándolo gravemente, en la comunidad de Ures, estado de Sonora, México. Agosto de 2014. HECTOR GUERRERO/AFP via Getty Images
La calidad del agua puede cambiar según la localidad, el pozo y la fecha en que se realizó el análisis. El Dictamen Diagnóstico Ambiental del Río Sonora, publicado por la Semarnat en 2023, encontró niveles elevados de aluminio, mercurio, hierro y manganeso en distintos puntos del río. En las tomas domiciliarias también detectó arsénico, aunque por debajo del límite permitido, además de otros metales.
La exposición a concentraciones elevadas de algunos de estos metales puede afectar la salud, aunque el riesgo depende de la cantidad, la vía y el tiempo de exposición. El arsénico, por ejemplo, se ha relacionado con lesiones en la piel, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer; mientras, el mercurio puede dañar los riñones, los sistemas nervioso, digestivo e inmunitario, y representa un riesgo particular durante el embarazo y la infancia.
Un río al que dejaron de acercarse
Después del derrame, la familia de María Juana Peralta dejó de bañarse en el río. Sus hijos también dejaron de jugar con la manguera como antes y ella comenzó a advertirles que evitaran beber de la llave. Actualmente compran agua purificada para tomar, pero utilizan la de la red para bañarse, lavar y realizar otras actividades.
“Nos bañamos, pero con miedo también, con miedo a contaminarnos. Muchas veces no hay recursos para comprar el agua, por eso la compramos nada más para tomar”, explica Peralta, quien forma parte de los Comités de Cuenca Río Sonora, una organización integrada por habitantes de las comunidades afectadas que desde hace 12 años exige agua segura, atención médica y reparación ambiental.
En 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que las autoridades de salud no habían garantizado una atención adecuada y permanente, a pesar de que contaban con información sobre los riesgos sanitarios y toxicológicos en la cuenca.
Peralta cuenta que algunos de sus compañeros de los Comités han desarrollado cáncer, problemas renales o padecimientos de la tiroides, y que varios han fallecido. Ella y su familia nunca se han hecho pruebas para detectar metales pesados porque no han podido costearlas.
“Son compañeros que han luchado 12 años con nosotros y de repente ya no están. No sabemos si a nosotros también nos puede pasar lo mismo”.
Los documentos públicos todavía no permiten atribuir directamente esos diagnósticos al derrame. En su recomendación 50/2024, la CNDH pidió concluir los estudios toxicológicos y epidemiológicos, publicar sus resultados y determinar qué personas necesitan atención especializada y cuáles afectaciones pueden vincularse con la contaminación de 2014.
La contaminación de agua, sismos inducidos, la dispersión de comunidades rurales y conflictos con comunidades indígenas son algunos de los posibles impactos en las regiones donde se busca extraer gas natural y petróleo por fracturación hidráulica.
Las afectaciones en la agricultura
Peralta explica que el derrame también afectó su principal actividad económica. Su esposo había sembrado maíz y frijol, pero la cosecha de ese ciclo se perdió. Después volvió a cultivar, aunque decidió cambiar las hortalizas por pastura para ganado. “Ya no es igual la siembra”, menciona Peralta. Según su experiencia, algunos cultivos dejaron de darse como antes y la pastura se vende a menor precio.
Las afectaciones no solo alcanzaron a su familia. Un documento de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) contabilizó 2,519 agricultores y ganaderos dentro de la zona considerada para recibir apoyos. El cierre preventivo de pozos interrumpió temporalmente el uso de agua para cultivos y animales. A esto se le sumó la desconfianza hacia los alimentos de la región, lo que dificultó su venta.
A pesar de todo, Peralta nunca se ha planteado dejar San Pablo de Aconchi.
“No nos iríamos a vivir a otro lugar porque tenemos nuestra casa. Tampoco la dejaríamos tirada. Además, tenemos nuestras pertenencias, pero sí vivimos con el temor de estar aquí”.
Juana Peralta, habitante de San Pablo de Aconchi.
Desde 2014, autoridades federales y estatales han puesto en marcha plantas potabilizadoras, monitoreos del agua y medidas de atención médica para las comunidades afectadas. Aun así, la CNDH señaló en 2024 que varias de esas acciones seguían incompletas o presentaban problemas de operación.
Entre las promesas pendientes está la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), anunciada por el gobierno federal en 2015 para dar seguimiento durante 15 años a la salud de la población y vigilar las condiciones ambientales de la cuenca. La unidad comenzó a operar de forma provisional con brigadas y personal médico, mientras que la construcción definitiva en Ures fue anunciada para septiembre de ese año. Sin embargo, el edificio permanente quedó inconcluso.
La medida más reciente es el Hospital de la Región del Río Sonora, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno de Sonora. El 5 de agosto, un día antes del aniversario número 12 del derrame, las autoridades colocaron la primera piedra en Ures.
Peralta asegura que en San Pablo de Aconchi todavía no cuentan con una planta especializada para tratar el agua, pero espera que esta vez sí cumplan con la promesa del hospital. “Es la esperanza que tenemos del hospital que van a hacer, a ver si nos atienden”, dice.
El aniversario ocurre pocos días después de otra emergencia ambiental en Sonora relacionada con el mismo grupo empresarial. El 25 de julio, un tren de Ferromex, empresa de Grupo México Transportes, descarriló en Naco y provocó el derrame de 70,000 litros de hidrosulfuro de sodio. Aunque se trata de un caso distinto, el episodio vuelve a poner atención sobre la respuesta ante este tipo de emergencias y las medidas necesarias para evitar que sus efectos se extiendan durante años.
¿Qué significa reparar el daño?
La reparación ambiental suele evaluarse a partir de recursos entregados, obras construidas, consultas médicas o puntos de monitoreo; sin embargo, la Ley General de Víctimas plantea que reparar también implica restituir derechos, atender los daños y evitar que una situación parecida vuelva a ocurrir.
En las comunidades cercanas al río Sonora cambiaron actividades que formaban parte de la vida cotidiana. Las familias dejaron de acercarse al cauce y de beber el agua con la misma confianza. “Era la diversión de nosotros de niños, ir a pasearnos al río. Íbamos, comíamos, pasábamos la tarde bien a gusto”, recuerda Peralta. “Ahora ya nadie lo hace”.
Ella insiste en que las comunidades necesitan información clara, análisis públicos, infraestructura que funcione y seguimiento médico. Cuenta que muchas veces se enteran de las acciones oficiales a través de las noticias, en lugar de recibir información directa. Para ella, la reparación también tendría que reflejarse en algo tan cotidiano como poder utilizar el agua sin temor a enfermar.