Cristina Gómez, corresponsal
Hermosillo, Son. A casi una década del derrame químico en el río Sonora, los Comités de Cuenca reiteraron su llamado a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, para que establezca una fecha concreta para dialogar con las comunidades afectadas. La exigencia surge tras las declaraciones recientes de Bárcena sobre un supuesto diálogo con Grupo México en torno a la reparación de daños, pero sin precisar los avances, ni incluir a las víctimas en las negociaciones.
Martha Patricia Velarde, integrante de los comités, señaló que la funcionaria se comprometió públicamente a reunirse con los afectados, pero aún no ha cumplido. “Quedó formalmente en que habría pláticas con los afectados, pero omitió decir cuándo. Nosotros hemos estado solicitando una entrevista con ella a través de la subsecretaria Marina Robles desde el mes de junio”, expresó Velarde.
La representante comunitaria también cuestionó la opacidad en los acuerdos con Grupo México y pidió a Bárcena revelar los términos de las negociaciones. “Por mandato judicial, ningún plan de remediación o reparación puede implementarse sin el conocimiento y participación de los afectados. Exigimos transparencia”, agregó.
Los Comités de Cuenca insistieron en que las comunidades del río Sonora llevan diez años luchando por justicia y, hasta ahora, no han visto avances concretos. Las plantas potabilizadoras prometidas no se han instalado por completo, y ninguna persona afectada ha recibido atención médica especializada en toxicología, a pesar de las afectaciones documentadas.
Entre sus demandas principales los afectados exigieron: establecer un diálogo directo y formal con las víctimas del derrame; transparentar los acuerdos alcanzados con Grupo México y presentar públicamente el plan de remediación; garantizar medidas reales y efectivas en la región, que incluyan infraestructura, atención médica y justicia ambiental.
“Es inaceptable que, después de diez años, las autoridades sigan priorizando el diálogo con la empresa responsable del peor desastre ambiental en la historia minera de México, mientras las comunidades seguimos padeciendo las consecuencias de la contaminación”, concluyó Velarde.
El derrame, ocurrido en agosto de 2014, vertió más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado al río, afectando a más de 22 mil personas en siete municipios de Sonora. Desde entonces, los afectados han enfrentado negligencia institucional, incumplimiento de promesas de remediación y falta de justicia.